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Si el Estado peruano no cumple con atender el requerimiento de la Corte IDH podría enfrentar serios problemas con el organismo supranacional y el propio sistema interamericano de justicia. Las autoridades peruanas están alertadas.
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La Sala Penal Permanente declaró fundado un recurso de casación y dejó sin efecto la indagación fiscal vinculada a la campaña presidencial de 2011.
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