Tal como lo anunciaron, el personero legal de Alianza para el Progreso, Juan Carlos Gonzales, presentó ayer en el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, el recurso de apelación contra la resolución de este organismo, a fin de evitar la exclusión del candidato presidencial César Acuña Peralta. El trámite fue breve. Gonzales llegó a la sede del JEE, en el distrito limeño de Jesús María, a las 14.10 horas y se retiró después de diez minutos. La apelación, según explicó el personero legal, se basa en que el JEE de Lima Centro 1 pretende aplicar “de manera totalmente ilegal e inconstitucional”, una ley que no estaba vigente cuando las elecciones fueron convocadas. En ese sentido, refirió que la Ley 30414, que prohíbe a los candidatos entregar dinero o dádivas durante un proceso electoral, fue promulgada en enero, cuando las elecciones ya habían sido convocadas. Acuña Peralta fue sorprendido por un programa de televisión durante una actividad proselitista cuando gestionaba la entrega de diez mil soles a comerciantes de Chosica, y se denunció también haber otorgado cinco mil soles a una persona con discapacidad en Piura. En su defensa, Acuña afirmó que se trataba de “donaciones humanitarias”, pero el JEE emitió el viernes el fallo que lo excluye del proceso electoral, reconociendo la vigencia de la ley 30414. Gonzales informó también que el segundo argumento de la apelación es que, de confirmarse la exclusión, implicaría que el candidato presidencial ha sido juzgado dos veces por dos tribunales diferentes, en este caso la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Expresó su confianza en que el JNE valorará la apelación y confirmará la participación de César Acuña en las elecciones generales del 10 de abril. Agregó que esperarán la convocatoria del máximo tribunal a la audiencia, para este miércoles, a fin de sustentar los argumentos de su apelación. Empero, el personero legal dijo que en caso este recurso sea desestimado, se emplearán todos los mecanismos establecidos en la ley para resguardar su derecho a la participación política.