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Cuando se analiza el accionar de la política nacional y la manera en que los “lideres” conducen el destino del país, afloran sentimientos de impotencia, indignación y desprecio por la clase política actual. Que a juzgar por los resultados le juegan en contra al país.
Hace décadas venimos desperdiciando nuestras mejores oportunidades para salir del subdesarrollo y encaminarnos por la senda del primer mundo, disparándonos a los pies y creando situaciones que desmerecen la imagen del Perú en el extranjero y nos colocan como una Nación poco confiable.
Esto se reactiva una vez más con el enfrentamiento entre el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia, pugna que ha comprometido al Poder Judicial que han intervenido a solicitud de sus obligaciones legales. Todo ello no hace más que dibujarnos en el espectro internacional como una república sumida en un caos político, con leyes nada claras, que desembocan en choques institucionales que solo nos muestra como un país tremendamente inestable para las inversiones y como si fuera poco con índices altísimos de corrupción.
Y ante toda esta muestra de choque de poderes y muestras con tufo anárquico la presidenta de la República está fascinada y concentrada en viajar al extranjero cuando la casa está patas arriba. Ella es la indicada a hacer un llamado al orden en este enfrentamiento, pero no lo va a hacer puesto que ella sería la principal interesada en mandar a su casa a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y hacer que el Congreso nombre con su “mayoría” adepta y negociante, a miembros a su medida, para a su vez tener del cogote a todos los jueces que verán sus futuros procesos legales, cuyas denuncias se encuentran en marcha en el Ministerio Público.
Aquí una breve interpretación de los hechos para que los lectores tengan un conocimiento claro de lo que realmente sucede.
Se debe tener en cuenta que sí o sí cuando instituciones del Estado entran en litigio, existe afectación. Con estos hechos se debilita la democracia al grado de ponerla en juego, pero también la administración de justicia y la imagen internacional del Perú como país que respeta el equilibrio de poderes.
En la última encuesta de opinión publicada en octubre, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reveló que tres de cada cuatro peruanos consideran que si el Congreso destituye a los miembros de la Junta Nacional de Justicia se afecta a la democracia del país.
Para tratar de entender en profundidad lo que sucede debemos tener en cuenta los antecedentes. El 7 de septiembre, por votación de mayoría, el Pleno del Congreso aprobó encargar a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del parlamento una investigación a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por causa grave en un plazo máximo de 14 días hábiles. La moción fue impulsada por la congresista Patricia Chirinos y respaldada por parlamentarios de bancadas como Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza Para el Progreso.
La JNJ está conformada por siete jueces y una de sus principales funciones es la de nombrar, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todo el país. También al jefe(a) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y al jefe(a) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Ojo aquí, hay tomar conciencia de la importancia de las funciones JNJ, para poder interpretar las verdaderas intenciones que hay para tumbarla en estos momentos y decidir nombrar nuevos miembros.
Actualmente, la JNJ está conformada por los jueces Imelda Tumialán Pinto, Aldo Vásquez Ríos, Henry Ávila Herrera, Luz Tello Valcárcel de Ñecco, Humberto de la Haza Barrantes, María Zavala Valladares y Guillermo Thornberry Villarán; quienes habrían cometido falta grave por la cual deben ser destituidos de sus funciones.
La JNJ inició sus funciones en enero de 2020, tras la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura, al revelarse en el 2018 el escándalo de corrupción conocido como los “CNM audios”, o “cuellos blancos del puerto”, que evidenció que sus jueces miembros encargados de fiscalizar la labor de sus colegas, por el contrario, negociaban con ellos a cambio de favores incurriendo en actos ilícitos.
Volviendo al 2023, entre las faltas graves en las que habrían incurrido los miembros de la JNJ son: emitir un pronunciamiento sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación Zoraida Avalos, hecho considerado como intromisión, así como haber infringido la normativa respecto a la edad para ocupar el cargo como miembro titular, porque a la fecha la magistrada Luz Tello supera la edad límite de 75 años.
Desde septiembre a la fecha, los miembros de la JNJ han expuesto sus descargos de defensa tanto ante la propia comisión del Congreso que los investiga, como en los medios de comunicación y han negado haber cometido falta grave alguna.
Incluso, han recurrido a la vía legal para detener el intento congresal, logrando por un momento que un juzgado del Poder Judicial decida suspender provisionalmente la investigación e imputación de cargos en su contra por parte del Congreso. El Congreso ha pateado para la próxima semana la discusión y la votación sobre este tema. Lo cual deja todo en una densa expectativa que traerá reacciones de diferentes estamentos del Estado.
Bajo el pretexto de cumplir sus funciones el Congreso de la República está disfrazando sus verdaderas intenciones por encargo que vendrían de diversos sectores políticos incluyendo a Palacio de Gobierno. ¿Y a todo esto, la presidenta Boluarte?… bien, gracias. Preparando maletas para viajar nuevamente a Estados Unidos y haciéndose la de la vista gorda. Estamos de cabeza, hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
