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En dos informes que suscribió la Contraloría antes y después de la firma del contrato entre el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y el Consorcio Kuntur Wasi por la adjudicación del aeropuerto de Chinchero, se advirtió que los intereses del Estado estaban en riesgo si es que no se introducían mejoras sustanciales.
Está comprobado que las recomendaciones que hizo la Contraloría antes que el 4 de julio del 2014 los representantes del MTC y del Consorcio Kuntur Wasi estamparan sus rúbricas, no fueron tomadas en cuenta por el gobierno de Ollanta Humala.
Uno de los cuestionamientos de este primer informe de la Contraloría fue que el MTC no fijó una fecha de cierre financiero para que el consorcio privado obtuviera los 290 millones de dólares necesarios para dar comienzo a las obras del aeropuerto. Al no contar con un tope, el proyecto de obra pública quedaba en el limbo al no tener la empresa privada una obligación contractual para arrancar con los trabajos en una fecha fija.
Proinversión, el organismo que organizó la licitación, al ser preguntado por la Contraloría sobre la ausencia de la fecha de cierre financiero, contestó que no lo exigió porque “confiaba en la palabra del Consorcio Kuntur Wasi”.
Pero lo más grave viene después. Exactamente el 11 de octubre del 2016, cuando la Contraloría emitió una Hoja Informativa que contenía la evaluación del contrato suscrito entre el MTC y el Consorcio Kuntur Wasi. Los auditores se dieron con la sorpresa de que se había incumplido con lo que había recomendado en su reporte del 2014.
Debido a este problema, el contrato podría quedar sin efecto porque no se había definido –dos años después de la suscripción de la concesión a favor de Kuntur Wasi– la fecha del cierre financiero.
Como en la primera vez, las recomendaciones de la Contraloría tampoco fueron tomadas en cuenta, favoreciéndose con esta ceguera el Consorcio Kuntur Wasi.
Ahora se comenta que la Contraloría en un nuevo informe que se hará público la próxima semana, estaría recomendando la anulación del contrato por este proyecto, o la renegociación de un nuevo acuerdo con el consorcio Kuntur Wasi.
Las investigaciones confirman lo que por meses se viene denunciando: la existencia de un perjuicio para el Estado que se estima en US$529 millones a raíz de la adenda del aeropuerto de Chinchero.
