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Tenemos un país paralizado. La inversión estatal se ha retraído considerablemente en el territorio a raíz de los casos de corrupción develados a todo nivel; sumado a ello tenemos conflictos latentes que no están siendo debidamente atendidos por el gobierno, acumulándose la presión que amenaza con desbordarse cada vez con mayor frecuencia. Ya sucedió con los productores de papa hace poco, y lo veremos muy pronto en Melgar y Lampa (Puno) y en Islay (Arequipa), si el gobierno no se manifiesta con firmeza demostrando que son más importantes los habitantes de estas zonas que el empresariado minero; sobre todo cuando se trata de conflictos socioambientales, que equivalen al 69% del total de conflictos registrados a enero de este año por la Defensoría del Pueblo.
La contaminación en ríos de Puno a raíz de las operaciones de la empresa minera Aruntani tiene una larga data. Tenemos noticias desde el 2012, cuando la empresa denunció a un dirigente social por acusarla sin pruebas de contaminar los ríos cercanos a causa de la intervención de su proyecto Arasi. El 2016 el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) dictó otra medida preventiva contra Aruntani para detener la contaminación del río Chacapalca, ubicado en el distrito de Ocuviri, provincia de Lampa. Hasta el año pasado Aruntani ha merecido hasta cuatro de estas medidas por contaminación en esa zona.
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