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Desde que comenzó el gobierno del presidente Pedro Castillo Terrones la mal llamada “oposición” ha desatado ataques feroces contra todas sus acciones de manera indiscriminada. Todas esas agresiones están basadas en el desarrollo de una política subjetiva, con intentos de acusaciones que se apoyan en suposiciones y declaraciones de terceros. En honor a la verdad, desde que se desataron estos publicitados ataques, hasta el momento no hay nada objetivo. Ni una prueba tangible, que pueda sustentar toda esa bataola crónica desarrollada por los grupos de poder en busca de proteger sus intereses y que tanto daño le está haciendo al país, y sobre todo a los que más necesitan de un Estado eficiente y amparador.
El pasado martes en el Congreso se presentó una denuncia constitucional por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra Castillo Terrones por liderar presuntamente una organización criminal, así como por tráfico de influencias y complicidad en un supuesto caso de fraude.
Siendo objetivo el Perú es un Estado de derecho basado en su orden constitucional internacional y la Constitución prevé de manera taxativa, no solamente esta última sino anteriores, que el Presidente solamente puede ser acusado por cuatro figuras que no están comprendidas dentro de la que la fiscal ha presentado ante el Congreso, esto es lo único real.
Con este tipo de acciones se genera un tratamiento que está fuera del marco constitucional, y se empieza a judicializar la política y hay peligro de que se politice la justicia, donde la política tiene por ganar y la justicia mucho que perder.
Es importante no perder de vista y observar el orden jurídico nacional o internacional con mucho detenimiento, para salvaguardar que se respeten los valores democráticos de voto popular, así como tener en consideración que en América Latina estos fenómenos vienen ocurriendo de manera crónica.
Prueba de ello son los golpes de Estado llámese militares o civiles vividos en los últimos años en la región y a las destituciones de la presidenta Dilma Rousseff en Brasil, de Fernando Lugo en Paraguay o de Manuel Zelaya en Honduras.
Es momento que estas situaciones de conflicto entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo se resuelvan con un sentido jurídico y democrático y para ello urge que surjan operadores reales que articulen una sincera reconciliación en pro del status quo que garantice la salud democrática en el país.
Es importante hacer un llamado para que el debate político en Perú se celebre en un marco que respete el Estado de derecho y la división de poderes.
La inestabilidad política está afectando a competencias ejecutivas del presidente, Pedro Castillo, sobre todo en la imagen que se proyecta del Perú y del gobierno hacia el exterior, pues haberle impedido el Congreso una gira por varios países europeos como tenía previsto es una señal dañina en las mesas de negociaciones o para la firma de importantes convenios comerciales o tratados de cooperación internacional.
Es momento de hacerle un llamado de atención a los operadores políticos para que renuncien a actuar en base a sus intereses y claudiquen a seguir haciendo política subjetiva. Es momento de retomar el uso de la razón y actuar con prudencia en base a hechos comprobados y objetivos. Y solo con estos elementos acusar seriamente, no hay que dejarse llevar por interés preestablecidos, devaneos o afanes de figuretismo. El destino del Perú es algo muy serio y mucho más la urgente necesidad de ese sector de peruanos desvalidos que requieren la atención total de un Estado eficiente y protector. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
