Destitución de Ordóñez: ONU advierte golpe a la independencia judicial

El caso del magistrada escala a nivel internacional y pone en la mira a la JNJ.

Las relatoras de la ONU Margaret Satterthwaite y Gina Romero cuestionaron la remoción del juez Oswaldo Ordóñez en Perú, señalando que podría tratarse de una represalia por sus denuncias ante la CIDH sobre leyes procrimen, lo que impactaría la independencia judicial.

El pronunciamiento de las expertas de Naciones Unidas se produce tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de no ratificar en el cargo al juez Oswaldo Ordóñez Alcántara, quien previamente había denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los efectos de normas que, según sostuvo, debilitan la lucha contra el crimen organizado.

Satterthwaite, relatora especial sobre la independencia de magistrados y abogados, y Romero, relatora sobre libertad de reunión y asociación, señalaron que los jueces deben poder participar en el debate público sin temor a represalias. En ese sentido, advirtieron que la remoción de Ordóñez podría constituir una medida disuasoria con impacto generalizado en el sistema judicial.

Las especialistas también cuestionaron el proceso de evaluación al que fue sometido el magistrado, indicando que las preguntas formuladas en el procedimiento de ratificación resultan inusuales dentro de este tipo de procesos. Según indicaron, la decisión final de no ratificación podría sentar un precedente que afecte la autonomía del Poder Judicial.

De acuerdo con la información disponible, la decisión de la JNJ se sustentó en una ponencia del magistrado Cayo Galindo, respaldada por otros miembros del organismo. Sin embargo, algunos integrantes expresaron votos en contra o reservas respecto a la medida, lo que evidencia una división interna en torno al caso.

El origen del conflicto se remonta a la participación de Ordóñez en una audiencia de la CIDH en noviembre de 2024, cuando ejercía como presidente de la Asociación Nacional de Magistrados. En ese foro, denunció que una mayoría parlamentaria, en coordinación con el Ejecutivo, promovía leyes que restringían la labor de jueces y fiscales frente al crimen organizado.

Posteriormente, la JNJ inició un proceso de evaluación que derivó en su no ratificación. La CIDH ya había advertido que dicha medida podría interpretarse como una represalia institucional contraria a los estándares del sistema interamericano de derechos humanos.

Panorama

El pronunciamiento de la ONU introduce un elemento de atención internacional sobre el caso del juez Ordóñez, en un contexto en el que la independencia judicial y las garantías institucionales se mantienen como temas centrales en el debate público peruano.