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Responsables fueron condenados a 5 años de cárcel.
Dos nuevas sentencias contra actividades ilegales al interior de dos áreas naturales protegidas del departamento de Pasco fueron dictadas por el Poder Judicial, esta vez por el delito de depredación de bosques en el Bosque de Protección San Matías-San Carlos y en la Reserva Comunal Yanesha.
A cinco años de cárcel y al pago de una reparación civil de 10,000 soles a favor del Estado peruano, fue condenado Juan Arce Intosca, por el delito contra los bosques o formaciones boscosas en su forma agravada. Ello responde a que el imputado realizaba tala ilegal al interior del Bosque de Protección San Matías-San Carlos.
Esta condena fue dispuesta por el Primer Juzgado Penal Unipersonal de Oxapampa, al declarar fundada la denuncia presentada por el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ante el Ministerio Público, en el año 2010, por el delito de depredación de bosques dentro de un área natural protegida.
Durante un monitoreo realizado por personal guardaparque del área natural protegida se intervino a Amadeo López Anchoma, quien fue encontrado realizando la tala ilegal de árboles de la especie tornillo en la quebrada del río Chivis, al interior del bosque de protección. Luego de constatarse que no contaba con permiso ni autorización para realizar esta actividad, López Anchoma indicó que cometió este ilícito por orden de Juan Arce Intosca, quien a su vez manifestó que no solicito autorización para la tala porque no era propietario.
Similar medida fue dictada por dicha instancia judicial contra Alejo Víctor Jorge y Erick Isaías Poma Malpartida, quienes fueron sentenciados a seis años de prisión y al pago de una reparación civil de 15,000 soles a favor del Estado, por el delito contra los bosques o formaciones boscosas en su forma agravada al realizar acciones de tala ilegal al interior de la Reserva Comunal Yanesha.
Con esta condena la Corte Superior de Justicia de Junín declaró fundada la denuncia presentada por el Sernanp en el 2012, por el delito de depredación de bosques dentro de un área natural protegida, por la deforestación de 13 hectáreas en el sector de Alto Lagarto y la quebrada San Miguel, al interior de la Reserva.
