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Zoraida Ávalos acusa a Patricia Benavides de armar conjura para destituirla
Ex Fiscal de la Nación no podrá ejercer ningún cargo público por cinco años.
El miércoles 21 de junio, el cielo le cayó encima a la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera (66), una vez que el Congreso de la República la separó del cargo y la inhabilitó por cinco años del ejercicio de la función pública.
Unas horas antes, en el mismo Parlamento, la magistrada había adelantado que su suerte estaba echada, pues era objeto de ‘una vendetta política’ que partía de la oficina de la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas (54).
‘Funcionarios del despacho, llámese coordinadores parlamentarios y asesores de la fiscal de la Nación, están haciendo gestiones con congresistas para que voten en contra mía, ofreciendo archivos de sus expedientes’, denunció.
Pero ahí no se zanjó el tema. ‘Uno de sus coordinadores parlamentarios me dijo que faltaban ocho votos para lograr mi destitución. Eso es grave’, mencionó la magistrada acusada de no investigar al golpista ex presidente José Pedro Castillo Terrones (53).
Aquí una atingencia: el artículo 159° de la Constitución Política del Perú señala textualmente en su numeral 4 que el Ministerio Público ‘debe conducir desde su inicio la investigación del delito’.
Al final de aquella tarde, el Congreso de la República había aprobado la inhabilitación de Zoraida Ávalos Rivera por cinco años del ejercicio de la función pública y además una acusación constitucional en su contra por los delitos de omisión, rehusamiento y demora de actos funcionales.
La primera moción fue aprobada por 71 votos a favor, 15 en contra y 8 abstenciones, en tanto que la segunda se logró con 71 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones.
Mientras esto ocurría en el Parlamento, a dos cuadras de ahí, en el local del Ministerio Público, se guardaba silencio en torno a la denuncia frontal de Zoraida Ávalos y se empezaba a cubiletear los nombres de sus posibles reemplazos en la Junta de Fiscales Supremos.
Los magistrados son la fiscal adjunta suprema titular Gianina Rosa Tapia Vivas y los fiscales supremos provisionales transitorios Franklin Jaime Tomy López y Helder Uriel Terán Dianderas.
