Ex director del Tren Eléctrico favoreció a GyM y Odebrecht con 50 millones

Uno de los personajes de mayor protagonismo desde el inicio de la licitación del tren eléctrico fue Oswaldo Plasencia Contreras, ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao (AATE). Hasta ahora, él no forma parte de la lista de funcionarios con orden de captura por parte del fiscal que investiga el Caso Lava Jato, Hamilton Castro. Sin embargo, sí existe una investigación en otra fiscalía que lo ha acusado penalmente por un presunto beneficio a la empresa Odebrecht en perjuicio del Estado por más de US$50 millones.

“El señor Plasencia ha sido denunciado por la procuraduría de la Contraloría General de la República, por haber favorecido indebidamente a la contratista Consorcio Tren Eléctrico (formado por Odebrecht y Graña y Montero) en la construcción del tramo 1 de la línea 1 del metro”, afirmó el procurador de la contraloría, Jaime Ortiz Rivero.

Según el informe de auditoría de la contraloría, Plasencia, en su calidad de director ejecutivo de la AATE, aprobó cuatro ampliaciones de plazo (dos a la obra y dos a la elaboración del expediente técnico), cuatro presupuestos adicionales y tres presupuestos deductivos, lo que habría evidenciado un interés del ex funcionario en ayudar al contratista.

“Plasencia es procesado por el delito de negociación incompatible por favorecer indebidamente a un particular directa o indirectamente en una contratación del Estado. Actualmente, hay una acusación en la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. No solo se formalizó la denuncia que hizo la contraloría, sino que ya se acusó a los cinco ex funcionarios y al gerente técnico del consorcio de la supervisora Cesel-Poyri por el delito de negociación incompatible”, apuntó el procurador Ortiz.

La contraloría, además, observó que Plasencia no cumplió con sancionar económicamente al Consorcio Tren Eléctrico cuando este no ejecutó la entrega de equipos considerados vitales para la obra. Este estaba obligado a adquirir unos repuestos de los sistemas electromecánicos y un lote de piezas críticas cuyo costo era de US$7’079.944. Según la contraloría, el no entregar oportunamente los equipos debió generar una penalidad de US$50’921.274, equivalente al 10% del contrato.