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Ex ministro de Justicia advierte que representantes del TC actuaron con la ley en la mano y no cometieron prevaricato en forma alguna
El ex presidente del Tribunal Constitucional Víctor García Toma se pronunció sobre la acusación constitucional en contra de cuatro magistrados de dicha entidad y dijo que esta debe de ser desestimada, porque el Legislativo no está facultado para sancionarlos por sus opiniones y votos.
El también ex ministro de Justicia explicó que en el artículo 202 de la Constitución se señala que los miembros del Tribunal Constitucional no responden por sus votos u opiniones, y solo puede realizarse una acusación si es que el voto fue producto de “prebendas, provecho personal o corrupción”, que en el presente caso nadie ha planteado.
Como se recuerda la Comisión Permanente del Legislativo aprobó el último viernes que cuatro magistrados del Tribunal Constitucional sean investigados por presuntamente haber cometido prevaricato, con la sentencia que reinstauró la condición de lesa humanidad al Caso El Frontón.
García Toma señaló que en ningún momento los magistrados citaron alguna norma derogada u inexistente ni tampoco tuvieron una interpretación en sentido contrario; por tal razón no se podría hablar de prevaricato en forma alguna.
“Si bien existe la denuncia, no tengo ninguna duda que esa imputación será desestimada”, manifestó García Toma a la agencia Andina.
“Los magistrados tienen razón cuando reclaman en relación a la acusación constitucional porque el artículo 202 de la Constitución dice que los magistrados no responden por sus votos u opiniones […] se puede hablar que no se está de acuerdo con el voto, que es errado, absurdo, aberrante, pero eso de modo alguno otorga facultad al Congreso para sancionar a los magistrados. No responden por voto u opinión”, explicó.
García Toma se pronunció también sobre la denuncia constitucional presentada por Daniel Salaverry contra el fiscal de la Nación y sostuvo que si bien la institución que Pablo Sánchez dirige puede estar llena de errores, esto no constituye motivo para que se le denuncia de esta manera.
“Una cosa es la eficiencia, la eficacia y otra muy diferente incurrir en un acto delictivo que no creo sea el caso. El Congreso no está para medir la eficiencia de las decisiones del Ministerio Público mediante acusación constitucional”, expresó.
