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Al descubierto. La empresa vinculada al escándalo Lava jato, Graña y Montero, así como el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, se denuncia, estarían detrás de la campaña mediática que busca hacer rodar la cabeza del contralor, Edgar Alarcón. ¿Qué une a estos dos poderosos?
“Una vez más, aquí hay un juego en pared entre los medios cercanos a Graña y Montero, a través de El Comercio y los canales que ellos manejan a través de este conglomerado, porque obviamente son muchos intereses que se están moviendo”, aseguró, sin pelos en la lengua, Cecilia Chacón.
Lo señalado por la parlamentaria fujimorista es una voz de alerta, sobre todo cuando están en juego $4,500 millones destinados para la “Reconstrucción con cambios”, y que empresas vinculadas a la corrupción de Odebrecht, ya hacen cálculos de cuanto les tocará.
El aprista Mauricio Mulder acusó al Gobierno de Kuczysnki de ser el responsable de que estén saliendo a la luz cuestionamientos en contra del contralor por presuntas irregularidades por haber mantenido un negocio de venta de carros.
“Es evidente que alguien tenía toda esa información y la tenía guardada esperando el informe de Chinchero. Si la auditoría de la Contraloría hubiera sido medianamente favorable, ¿sabríamos sobre este tipo de denuncias contra el contralor? Probablemente no”, observó ante la prensa el parlamentario.
Lo señalado por Mulder, cobró validez luego que el vocero de la bancada de Peruanos por el Kambio (PPK), Carlos Bruce, sugirió al contralor presentar su renuncia antes de pasar por un proceso de destitución en el Congreso.
Indicó que, según la normativa de la Contraloría, el vicecontralor está prohibido de ejercer actividad lucrativa, como la compra y venta de vehículos, hecho que reconoció Alarcón en un informe televisivo.
Si Palacio de Gobierno está seguro de lo que pretende, Héctor Becerril conminó al oficialismo a presentar una denuncia constitucional sustentando los cargos con los que se pretende sacar al fiscalizador de su gobierno.
