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El Estado peruano, a través de la Procuraduría Pública Especializada Supranacional, obtuvo su primer caso de éxito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que acogió todos los argumentos de la defensa y declaró al Perú no responsable por la destitución del exjuez Héctor Cordero Bernal, implicado en la liberación de dos procesados por narcotráfico.
Del 22 de junio al 17 de julio de 1995, el exmagistrado recibió la solicitud para asumir temporalmente el Primer Juzgado Penal, debido a que el juez titular pidió licencia.
En el cargo recibió el caso de dos personas sometidas a un proceso penal por el delito de tráfico ilícito de drogas, que culminó con sus detenciones. El 11 de julio del mismo año, Cordero Bernal les otorgó la libertad incondicional, figura legal que solo se utiliza cuando se demuestra plenamente la inculpabilidad de los enjuiciados.
Ante el hecho, la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial (Ocma) inició un proceso disciplinario contra Cordero Bernal, que dio cuenta de varias irregularidades.
Por consiguiente, el desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) –hoy Junta Nacional de Justicia (JNJ)–, decidió destituirlo. Tras ello, Cordero presentó una acción de amparo, pero fue rechazada por el Tribunal Constitucional al no encontrar una falta al debido proceso.
Posteriormente, se le abrió un proceso penal por los delitos de encubrimiento y prevaricato; sin embargo, en el 2005 se dictaminó que no era culpable. A causa de esta decisión, Cordero Bernal solicitó al entonces CNM su reincorporación y declarar nula su destitución, pero el pedido fue denegado.
Por último, el 11 de noviembre de 1998, Cordero Bernal presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual fue admitida el 22 de julio del 2011.
El 2018, la CIDH aprobó el informe de fondo, donde se consideraba la violación de diversos derechos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y, por tal razón, recomendaba restituir a Cordero Bernal al Poder Judicial, reparar integralmente las indicadas violaciones y adecuar la legislación interna.
El 5 de noviembre del 2019, Cordero presentó una solicitud para que se determine la responsabilidad del Estado peruano por la violación de los derechos a las garantías judiciales, principio de legalidad, derechos políticos y protección judicial; además instó el pago de una indemnización.
Sobre el particular, la Corte IDH resolvió que la decisión del entonces CNM estuvo debidamente motivada, no fue arbitraria y no se violaron los derechos al debido proceso ni al principio de legalidad ni a la independencia judicial ni a las garantías judiciales. Por lo tanto concluyó que el Estado peruano no es responsable internacionalmente por la destitución del exjuez Cordero Bernal.
Al respecto, el procurador público especializado supranacional, Carlos Miguel Reaño Balarezo, sostuvo que el fallo de la Corte IDH a favor del Estado peruano es un hecho histórico, puesto que es el primer caso en el que se acogen totalmente los argumentos de la defensa y marca un precedente para futuros casos similares.
“Es una sentencia histórica en el ámbito de las relaciones entre el Perú y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como en el ámbito regional, dado que se declara al Estado peruano no responsable internacionalmente; por ese motivo, la corte señala que no procede pronunciarse sobre las reparaciones, costos y gastos. En ese marco, el expediente del caso queda archivado”, declaró.
Por otro lado, el procurador Reaño señaló que, si bien es el primer caso en que la Corte IDH le da la razón en todos los argumentos a la defensa del Estado peruano, hay otros casos donde se ha ganado parcialmente y se evitaron desembolsos cuantiosos de las arcas del Estado.
Por último, el abogado agradeció a las entidades y funcionarios que apoyaron, durante todo el proceso, a la defensa del Estado peruano en el presente caso.
“Doy las gracias al equipo de la Procuraduría Supranacional, a los funcionarios del Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia, que estuvieron involucrados y colaboraron con la defensa del Estado; así como a los testigos y al perito ofrecidos por la Procuraduría Supranacional. Asimismo extiendo mi gratitud al ministro de Justicia y a la Procuraduría General del Estado”, expresó.
