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Señala que es necesario el cambio para que las sanciones impliquen pago de multas y trabajo comunitario, “pero cárcel no”.
El presidente del Congreso, Luis Iberico Núñez, sostuvo ayer que el delito de difamación debe de pasar de ser un ilícito penal a uno incluido en los parámetros del Código Civil, a fin de no poner restricciones al ejercicio de la libertad de expresión.
Explicó que en el proyecto de nuevo Código Penal que la Comisión de Justicia del Congreso viene debatiendo, se mantiene dicha figura delictiva, con la diferencia de que se incrementan las sanciones penales de tres a cinco años de privación de la libertad, lo cual implica prisión efectiva.
"Hay que pasar esto al Código Civil, para que las sanciones impliquen pago de multas y trabajo comunitario, pero cárcel no", acotó al referirse al caso del periodista Fernando Valencia, quien fue sentenciado a un año de prisión suspendida y al pago de una reparación civil a favor de Alan García por un presunto delito de difamación.
En declaraciones a la prensa en el Hall de los Pasos Perdidos del Congreso, Iberico Núñez dijo que dialogará con el presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Eguren (PPC), porque se trata de un tema muy delicado. "Prefiero mil veces los excesos de la prensa que cualquier amenaza de cárcel", añadió.
Dijo además sentir una "profunda preocupación" por la sentencia emitida en contra de Valencia por delito de difamación, así como por casos similares.
“Esto supone un riesgo y una amenaza a la libertad de expresión, pues lo que consignó el referido hombre de prensa en la portada del diario que dirigía fueron expresiones de otras personas respecto a Alan García. Hacer eso constituye una opinión", manifestó.
De otro lado, y sobre la ley de que permite a los afiliados a las AFP retirar hasta el 95.5% de sus aportes cuando cumplan 65 años, el presidente del Congreso precisó que al Poder Ejecutivo solo le queda la opción de publicar la autógrafa de dicha norma. Empero, advirtió que no existe plazo establecido normativamente para ello.
Anotó que de insistir el Ejecutivo en considerar que esta ley es inconstitucional, será el Tribunal Constitucional el que determine su validez.
