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El congresista aprista Javier Velásquez Quesquén defendió la decisión de la Junta de Portavoces del Parlamento, que ha pedido solicitar —mediante la cancillería— una aclaración a la Corte IDH sobre la resolución que ordena archivar la acusación contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC) a raíz del Caso El Frontón. Según consideró, la solicitud busca que la corte aclare cómo aplicar su decisión sin vulnerar la Constitución Política de nuestro país. Ello, explicó, porque el artículo 99 de la Carta Magna permite que ante el Congreso se puedan acusar al presidente, a los ministros de Estado, a los propios parlamentarios, miembros del TC, entre otros, por todo delito que cometan en ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas. Asimismo, recordó que los legisladores no están sujetos a mandato imperativo. “Cómo le puede decir al Estado peruano que archive un procedimiento que está en curso, no se puede. La única posibilidad es que convenzan a la mayoría de parlamentarios para que lleven el caso al pleno y lo archiven, pero con una expresión democrática”, consideró.
