El nuevo gobierno busca legislar por decreto en seguridad, economía y simplificación administrativa desde su segundo día en el poder.
La presidenta Keiko Sofía Fujimori Higuchi encabezó este miércoles 29 de julio de 2026 el primer Consejo de Ministros de su administración, junto con el presidente del gabinete, Luis Galarreta. La sesión se realizó en Palacio de Gobierno antes de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, un día después de la juramentación presidencial y de la instalación de los 19 ministros.
El encuentro había sido anunciado el 27 de julio por Galarreta, quien señaló que el nuevo Ejecutivo preparaba decretos supremos y trabajaba en una solicitud de delegación de facultades legislativas. El entonces futuro premier mencionó como prioridades inmediatas la inseguridad ciudadana y la respuesta frente al fenómeno de El Niño, aunque en ese momento no precisó el alcance, el plazo ni las materias concretas que contendría el pedido.
Hasta el cierre de esta edición, la Presidencia del Consejo de Ministros no había publicado en su portal institucional el acta completa, la agenda oficial ni el texto definitivo de un proyecto de ley aprobado durante la sesión del 29 de julio. Por ello, no puede afirmarse todavía que la solicitud haya sido formalmente remitida al Congreso.
El pedido de facultades legislativas
El Gobierno busca obtener autorización del nuevo Congreso bicameral para expedir decretos legislativos en áreas vinculadas con la seguridad, la reactivación económica y la simplificación administrativa.
La delegación, sin embargo, no permitiría al Ejecutivo legislar de manera ilimitada. El artículo 104 de la Constitución establece que el Congreso puede conceder facultades al Gobierno únicamente sobre materias específicas y durante el plazo determinado en una ley autoritativa. Los decretos legislativos resultantes tienen fuerza de ley, pero están sujetos al posterior control parlamentario.
Por tanto, la expresión “legislar por decreto” debe entenderse como la posibilidad de emitir decretos legislativos previa autorización del Congreso, y no como una habilitación general para reemplazar al Poder Legislativo.
Galarreta había confirmado dos días antes de la sesión que su equipo trabajaba en el pedido de facultades, pero no había divulgado su articulado. Una información publicada el 25 de julio por Semana Económica señaló que la propuesta en preparación priorizaría seguridad ciudadana, reactivación económica y prevención frente al fenómeno de El Niño. No obstante, mientras no se difunda el proyecto oficial, el contenido definitivo y el plazo solicitado permanecen sujetos a verificación.
Seguridad y lucha contra el crimen
La seguridad ciudadana se perfila como el primer eje del eventual pedido. Durante los días anteriores al cambio de mando, Fujimori y Galarreta presentaron la lucha contra la extorsión, el crimen organizado y la violencia urbana como una de las urgencias principales del nuevo Gobierno.
El 22 de julio, Fujimori anunció que la primera sesión ministerial serviría para adoptar medidas inmediatas, pero evitó adelantar disposiciones específicas hasta que estas fueran discutidas y aprobadas por el gabinete.
Una eventual delegación podría permitir la modificación de normas penales, procesales, penitenciarias o administrativas. Sin embargo, ninguna fuente oficial consultada había confirmado al cierre cuáles de esas materias serían incluidas, ni si se propondrían reformas sobre la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Poder Judicial o el sistema penitenciario.
Reactivación económica y simplificación administrativa
El segundo bloque estaría orientado a recuperar el crecimiento, facilitar inversiones y promover el empleo. Antes de asumir el cargo, Fujimori encargó al ministro de Economía, Elmer Cuba, la misión de devolver estabilidad, confianza y crecimiento a la economía, procurando que estos avances se traduzcan en empleo y reducción de la pobreza.
El Ejecutivo también ha anunciado una política de desregulación y reducción de cargas administrativas. En términos institucionales, la simplificación administrativa comprende la eliminación de requisitos innecesarios, la reducción de costos y tiempos de atención, y la estandarización de procedimientos para ciudadanos y empresas.
No obstante, todavía no se ha publicado una relación oficial de las normas que el Gobierno pretende modificar ni una estimación sobre su impacto fiscal, laboral o regulatorio. Tampoco pudo comprobarse que el gabinete haya aprobado ya medidas específicas sobre micro y pequeñas empresas, protección social, formalización o eliminación de barreras burocráticas.
Sistema penitenciario y reorganización del agro
El artículo original señalaba que el Consejo de Ministros evaluó la continuidad reforzada de una intervención de emergencia en el sistema penitenciario y la reorganización del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y de la Autoridad Nacional del Agua.
Esas afirmaciones no pudieron ser confirmadas mediante un acta, comunicado oficial o agenda institucional correspondiente a la sesión del 29 de julio.
Sí se encuentra acreditado que el sistema penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario fueron declarados en emergencia en noviembre de 2024 por un periodo de 24 meses, debido principalmente al déficit de capacidad de albergue y a la necesidad de mejorar los servicios penitenciarios.
También existe como antecedente el Decreto Supremo 013-2024-MIDAGRI, que declaró en reorganización a la Autoridad Nacional del Agua en septiembre de 2024. Sin embargo, no se halló una nueva norma publicada el 29 de julio de 2026 que formalice otra reorganización de la ANA o del Midagri.
En consecuencia, ambos asuntos deben mantenerse como información pendiente de confirmación y no como acuerdos definitivos del nuevo gabinete.
Primeras señales del Ejecutivo
El Consejo de Ministros se instaló después de la juramentación de Fujimori como presidenta constitucional, realizada el martes 28 de julio ante el Congreso, y de la posterior toma de juramento del gabinete encabezado por Galarreta en Palacio de Gobierno.
El nuevo premier ha prometido una gestión basada en el diálogo con las fuerzas políticas, los sectores empresariales, los trabajadores y las organizaciones sociales. También afirmó que durante los primeros 100 días deberían comenzar a verse resultados relacionados con los compromisos del plan de gobierno.
La tramitación de las facultades será una de las primeras pruebas de esa capacidad de negociación. El Ejecutivo deberá presentar un proyecto que delimite las materias y el periodo solicitado; posteriormente, ambas cámaras deberán tramitar y aprobar la correspondiente ley autoritativa según las reglas del nuevo Congreso bicameral.
El acercamiento diplomático con México
En el ámbito internacional, tanto Fujimori como la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum habían expresado antes del cambio de mando su disposición a recuperar las relaciones diplomáticas.
El 9 de julio, Fujimori manifestó que tenía “toda la intención” de restablecer el vínculo. Al día siguiente, Sheinbaum confirmó que México también estaba interesado y que había encargado a su canciller establecer contacto con el nuevo equipo peruano.
No pudo verificarse, sin embargo, que el 29 de julio Sheinbaum confirmara públicamente una conversación directa entre Fujimori y el canciller mexicano Roberto Velasco. Tampoco se encontró un comunicado oficial de ambos gobiernos que anunciara el inicio formal del restablecimiento de las relaciones. Ese dato debe mantenerse como no confirmado.
El artículo original también situaba la ruptura diplomática en 2022. Esa fecha es incorrecta. Las tensiones comenzaron después de la destitución de Pedro Castillo en diciembre de 2022, pero Perú rompió formalmente relaciones diplomáticas con México el 3 de noviembre de 2025, tras conocerse que el Gobierno mexicano había concedido asilo diplomático a la exprimera ministra Betssy Chávez.
Brasil asumió posteriormente la representación de los intereses diplomáticos mexicanos en Perú y la custodia de sus instalaciones, con la aprobación de Lima. Las relaciones consulares entre ambos países no fueron suspendidas.
El caso Betssy Chávez
Betssy Chávez permanece bajo asilo diplomático concedido por México y a la espera de un salvoconducto que le permita salir del país. La Cancillería peruana confirmó en noviembre de 2025 que había recibido y evaluaba la solicitud mexicana, aunque cuestionó el empleo del asilo diplomático en casos que Lima considera vinculados con delitos comunes y no con persecución política.
La normalización de las relaciones con México podría incluir conversaciones sobre ese caso, pero ninguna fuente oficial consultada confirma que Fujimori haya aceptado entregar el salvoconducto o que esa condición haya sido acordada con Sheinbaum.
Por ello, no corresponde afirmar que la salida de Chávez ya esté encaminada. Se trata de un asunto diplomático y jurídico todavía pendiente.
La primera prueba ante el Congreso
La solicitud de facultades legislativas se perfila como el primer examen de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso bicameral. El Gobierno necesitará reunir respaldo suficiente para aprobar una ley que especifique claramente las materias delegadas y su duración.
El resultado permitirá medir la capacidad de Galarreta para construir acuerdos más allá de Fuerza Popular y de sus aliados. También determinará hasta dónde el Parlamento está dispuesto a permitir que el Ejecutivo acelere reformas en áreas sensibles como seguridad, economía y regulación administrativa.
La delegación no elimina las competencias del Congreso: este conserva sus facultades de fiscalización y puede revisar si los decretos legislativos respetan la Constitución y los límites de la autorización concedida.
Panorama
El primer Consejo de Ministros del Gobierno de Keiko Fujimori marca el inicio de una administración que busca transmitir rapidez de respuesta frente a la inseguridad y la desaceleración económica.
Sin embargo, al cierre del miércoles 29 de julio, el pedido de facultades todavía no aparecía publicado como proyecto formal ni se encontraba disponible el acta oficial de la sesión. La composición final de la propuesta, el plazo solicitado y las normas que pretende modificar deberán verificarse cuando el Ejecutivo publique el documento o lo presente al Congreso.
La primera prueba no será únicamente obtener la autorización, sino demostrar que las medidas propuestas son específicas, constitucionales, fiscalmente sostenibles y capaces de producir resultados sin debilitar los controles democráticos.
