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Conforme los actores políticos que detentan parte del poder han ido mostrando sus cartas, cada vez está más claro y evidente que en este momento en la mira está el control de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Anteriormente la guerra cruzada estaba declarada entre la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides, la presidenta Dina Boluarte y buena parte del Congreso de la República, todos ellos en pro de proteger intereses personales, entre los que cabe resaltar era curarse en salud, para no ser denunciados, investigados y posteriormente sentenciados por los supuestos delitos cometidos.
La exfiscal de la Nación empezó mal, pues lo primero que hizo al asumir el cargo fue salvar a su hermana que tenía serias investigaciones por sus vinculaciones con personajes relacionados al narcotráfico, entre otras perlas. Y se barajó intentando fungir de ser la abandera de la lucha contra la corrupción obedeciendo a la derecha, acogiendo todas las denuncias contra el torpe y golpista ex presidente Pedro Castillo Terrones.
Sectores del Congreso se alinearon momentáneamente para “utilizarla” para sus fines políticos, pero cuando vieron que no podían avanzar más allá comenzaron a disparar sus misiles, que sumados a los malos manejos de Benavides terminaron con su suspensión.
Esta tensa calma, que se registra en el ambiente político en este momento, es solo una tregua que el sistema otorga y está sirviendo para que los bandos en disputa se reorganicen, agudicen sus estrategias y preparen sus armas para seguir actuando y buscar que auto protegerse en búsqueda persistente de futura impunidad. Y el Poder Judicial tampoco debe pasar piola, pues tiene también intereses de por medio. Así de claro está el panorama en humilde mi opinión.
A manera de ayuda memoria cabe mencionar que el conflicto entre la JNJ y Patricia Benavides escaló con una orden judicial que suspendió las investigaciones contra la fiscal de la Nación. Falta la sentencia sobre el fondo de una acción de amparo que presentó por considerar que dos miembros de la JNJ adelantaron opinión, viciando los procesos. Desde que asumió el cargo, en julio del 2022, Benavides ha recibido 29 denuncias, principalmente sobre cambios y nombramientos realizados por su despacho, de las cuales la JNJ canalizó cuatro. El pedido ante un juzgado constitucional lo hizo a título de ciudadana. Por su lado, la Junta de Fiscales Supremos aprobó la presentación de una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC), objetando la potestad de la JNJ para controlar las designaciones de Benavides. El Ministerio Público considera afectada su autonomía por una extralimitación de funciones de la JNJ.
En cuanto al Poder Judicial, no es la primera vez que decide controlar decisiones de la JNJ. La jueza que brindó medidas cautelares a Benavides, Jacqueline Tarrillo, del Sexto Juzgado Constitucional, en el 2022 otorgó similar protección a Elvia Barrios, expresidenta de la Corte Suprema. La JNJ la había suspendido por 60 días porque no acusó a su exesposo, Eduardo Laca, cuando fue contratado por el Jurado Nacional de Elecciones pese a estar impedido por el vínculo conyugal que entonces mantenían.
Otro antecedente lo produjo el juez Jorge Luis Ramírez, del Quinto Juzgado Constitucional. El 28 de enero del 2022 anuló la resolución de la JNJ que le impuso 30 días de suspensión al vocal supremo César San Martín, porque en el 2018 telefoneó al entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos (Cuellos Blancos), para pedirle ejecutar una sentencia judicial.
Y a esta tragicomedia política de pugnas se suma está última escena que podría cambiar el desenlace de los acontecimientos de aquí en adelante y es que este 22 de diciembre, el Pleno de la Junta Nacional de Justicia eligió al magistrado Antonio Humberto de la Haza Barrantes como el nuevo presidente del organismo encargado de nombrar y destituir a los jueces y fiscales. La designación será para el periodo 2024, el cual culmina el 5 de enero de 2025.
De esta manera, De la Haza Barrantes sucederá a Imelda Tumialán Pinto, quien se encargará de tomar el juramento. Asimismo, se escogió a Aldo Vásquez Ríos como el vicepresidente de la institución en este mismo periodo.
De acuerdo con la hoja de vida entregada y publicada en la página del Gobierno peruano, Antonio Humberto de la Haza Barrantes estudió en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Asimismo, realizó un Maestría en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima y es doctor en Derecho de la PUCP.
Además, ha laborado como asesor legal en temas bancarios, como también en las áreas de Compliance Program Office – Manager Training. Desde el 6 de enero de 2020 es miembro de la Junta Nacional de Justicia.
En el 2020, el magistrado también se convirtió en el representante de la JNJ ante el Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura.
En la entrevista para formar parte del organismo señaló que cuenta con 25 años de ejercicio profesional en el sistema financiero, de los cuales los últimos 18 años se ha enfocado en temas de lavado de activos. Saquen sus propias conclusiones.
Cabe subrayar que, en las últimas semanas, el destino de la actual la JNJ pasó a manos del Congreso de la República, luego de aprobar la reconsideración para una investigación de 10 días por parte de la Comisión de Justicia por “falta grave”. Sin embargo, el titular de la Mesa Directiva culminó con el periodo legislativo 2023.
El Congreso podría destituir de sus cargos a los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia en marzo del año 2024 al inicio de su próxima legislatura, aunque esto podría ocurrir antes si se decide la realización de un Pleno extraordinario.
Es así como los parlamentarios de Renovación Popular solicitaron una Junta de Portavoces, pedido que fue ignorado y terminó en una convocatoria a un Pleno extraordinario al presidente Alejandro Soto para debatir la remoción. Una situación que ha sido rechazada por el titular. Pero que se encuentra en búsqueda de recolectar 78 firmas para hacerlo efectivo. Estaremos alertas como siempre. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
