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Para la abogada Gabriela Oporto Patroni, experta en derecho penal y constitucional, no es nada reprochable la intención de promover leyes para la rehabilitación de personas condenadas ni la de salvaguardar el bienestar de la población carcelaria que tiene condición vulnerable. Sin embargo, Oporto encuentra puntos controversiales por su selectividad en la aplicación. “Las poblaciones vulnerables no solo son las personas adultas mayores de ciertas edades, con ciertas condenas y con enfermedades crónicas o algún tipo de discapacidad. Si el objetivo de la norma es establecer un marco jurídico que permita la rehabilitación teniendo en cuenta un enfoque de derechos, vemos que solamente lo hace de manera parcial y ahí ya cesa el análisis jurídico y empieza el político. El que la norma aparente un direccionamiento a beneficiar a un grupo muy segmentado -en el que inevitablemente está una persona en específico- deja un sinsabor sobre sus supuestos objetivos nobles”, precisa.
