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Y ahora pide mayores facultades y autonomía presupuestal
A más de un año de los sucesos ocurridos en Villa El Salvador, que le costaron la vida a treinta y cuatro (34) personas, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), ha enviado un proyecto de Ley a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con la finalidad que se le otorgue mayores facultades y/o poderes.
Ello significaría contar con mayor autonomía administrativa, financiera, técnica, pero sobre todo presupuestal, lo cual no solo significa un riesgo para sus administrados sino también para las arcas del Estado.
Las propuestas que se incluyen en el proyecto de Ley, que utiliza como pretexto el fortalecimiento de la institucionalidad de Osinergmin, se sustentan en las que serían las recomendaciones de la OCDE contenidas en el informe denominado “Impulsando el desempeño del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería de Perú” del año 2019. Decimos “serían” debido a que lo afirmado por Osinergmin, para justificar su proyecto de Ley, no se ajusta a lo recomendado por la OCDE.
En efecto, lo que en realidad recomienda la OCDE es que Osinergmin tome una posición proactiva para explicar los impactos de la incertidumbre derivados de reglas fiscales relacionadas con la ejecución del presupuesto. Asimismo, la OCDE señala que Osinergmin debe buscar claridad del alcance y duración de las medidas impuestas recientemente, documentar al Ejecutivo los impactos directos de esas medidas en sus actividades y defender que los principios de recuperación de costos y transparencia deben ser los motivadores claves de su modelo de financiamiento.
La OCDE también recomienda mapear los costos del Osinergmin contra los recursos previstos y, donde se predicen déficits, evaluar las necesidades futuras. En vista de la incertidumbre en las reglas fiscales, el establecimiento de prioridades, como parte de los planes anuales, se vuelve incluso más importante.
En términos simples, la OCDE le recomienda a Osinergmin que sustente con cifras, documentos y/o análisis previos cualquier pedido de mayor autonomía administrativa, presupuestal o técnica. Ello debido a que no corresponde, y resulta perjudicial, que le apliquen las mismas reglas presupuestales, financieras y de austeridad que le son aplicables a las demás instituciones públicas.
