PANDEMIA DE CORRUPCIÓN

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“En resumen, hoy el Perú es un organismo enfermo. Donde se aplica el dedo, brota la pus”, escribió pensador peruano Manuel González Prada (Lima, 1844- 1918).

Lo escribió hace más de un siglo, pero parece que lo hubiera dicho hoy, a juzgar por lo que vemos actualmente: un país donde la corrupción campea más letal que el coronavirus en las más altas esferas del Estado.

Ya sabemos que la pandemia no solamente es una emergencia sanitaria, sino que también está trayendo graves consecuencias sociales y económicas en todo el mundo. Pero en países como el Perú, el Covid-19 es el caldo de cultivo para que se siga expandiendo la corrupción, en oscuras alianzas entre algunos empresarios y funcionarios sin escrúpulos, que no tienen ningún reparo en ver el presupuesto del Estado como un apetitoso botín, aun sabiendo el daño que generan en la sociedad.

Estos días hemos sido testigos, nuevamente, de varios sucesos que confirman lo que estamos afirmando.

Uno de los escándalos más sonados implica a mandos de la Policía Nacional. Duele saber que mientras que 46 policías han fallecido en el cumplimiento de su deber contagiados por el coronavirus (Covid-19), hay algunos oficiales que utilizan sus cargos en beneficio propio. A los policías caídos se les brindará el ascenso póstumo respectivo, a fin de brindarles a sus familiares los beneficios de un grado superior. A los corruptos, esperamos que se les sancione de acuerdo a ley con penas ejemplares.

El fiscal especializado en Corrupción de Funcionarios, Reynaldo Abia, le sigue los pasos a seis oficiales de la Policía Nacional y a un servidor civil por presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas, guantes y ranchos fríos a la empresa Emotion Group, dedicada a la venta de llantas. Se sabe que fue un contrato por 8 millones 250 mil soles por mascarillas y otro por 1 millón 999 mil 260 soles por alimentos.

Según medios de prensa, en base a la investigación fiscal, el fiscal Reynaldo Abia alista denuncia contra el jefe del Departamento de Abastecimiento, comandante PNP Godofredo Pérez Díaz; el jefe de la Sección de Contrataciones, mayor PNP Guillermo Vázquez Cueto; el coronel PNP Freddy Del Carpio León; el mayor PNP Óscar Sandoval Prado; el capitán PNP Juan Olórtegui Sánchez, así como el analista Henry Pulido Quedo, del Departamento de Abastecimiento de la División de Logística.

Entre los fundamentos de Abia se encuentra un informe de la Oficina de Control Institucional (OCI) de la Policía Nacional, en el que se concluye que los oficiales implicados conocían que Emotion Group es una empresa dedicada desde hace cinco años a la venta de autopartes y neumáticos.

Este caso motivó un terremoto político y, según fuentes confiables, hizo rodar la cabeza del ministro del Interior Carlos Morán, quien tuvo que dar un paso al costado. Fue reemplazado por el general Gastón Rodríguez Limo.

Inmediatamente fue destituido el Comandante General de la Policía Nacional del Perú (PNP), Max Reynaldo Iglesias Arévalo. Sin embargo, Iglesias solamente duró diez días en el puesto, y fue reemplazado por el general Héctor Heráclides Loayza Arrieta en la dirección de la PNP.

La crisis política alcanza también al ministro del Interior, Gastón Rodríguez, quien había designado como jefe del gabinete de asesores del Mininter al abogado, Juan José Santiváñez Antúnez, quien presentó su renuncia tras revelarse en medios de prensa que es el abogado del general PNP José Figueroa Gonzales, detenido en diciembre de 2018 por presuntamente conformar la red de protección ilegal de los miembros de la organización criminal Los Intocables Ediles, liderada por el exalcalde de La Victoria Elías Cuba, hoy en prisión.

Santiváñez también habría sido defensor legal de siete policías detenidos por sus vínculos con “Los Babys de Oquendo”, presuntamente dedicada a la usurpación de terrenos, extorsión y sicariato.

En medio de este panorama, la Contraloría detectó que más de mil funcionarios y servidores públicos recibieron canastas básicas de víveres que estaban dirigidas a familias vulnerables para ayudarlos a afrontar la emergencia sanitaria por el coronavirus. Esto fue detectado a través de la plataforma “Transparencia en el marco de la Emergencia Sanitaria COVID-19”, la cual ha permitido realizar un seguimiento a la adquisición y distribución de las canastas de víveres, así como el registro de más de un millón de beneficiarios.

Pero la moneda tiene otra cara. La Fiscalía Anticorrupción inició el viernes último una diligencia en la sede de la Contraloría, a fin de recabar información sobre la compra de alcohol en gel y mascarillas en el marco del estado de emergencia nacional por el covid-19. La diligencia se cumple luego de que el contralor Nelson Shack envió un oficio a la Fiscalía de la Nación solicitando el inicio de una investigación, informó la Contraloría.

Trascendió que algunos funcionarios de la Contraloría, están presuntamente involucrados en la adquisición de equipos de protección personal para sus trabajadores a precios exorbitantes. La pregunta es: ¿quién controla a la Contraloría?

Todos esto es muy preocupante, pero es solo parte del escenario que se vive en medio de esta emergencia, mis queridos amigos de PRIMERA.

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