MENU
Afirman que habrían incurrido en el delito de cohecho y tráfico de influencias
Tres abogados penalistas coincidieron en que los hechos de los videos que involucran a congresistas del bloque de Kenji Fujimori configurarían el delito de cohecho.
En los videos difundidos por Fuerza Popular se escucha a Fernando Bocángel y Bienvenido Ramírez, del grupo de Kenji Fujimori, ofrecer obras al parlamentario fujimorista Moisés Mamani a cambio de que no apoye la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski (PPK).
En algunas imágenes de los videos, grabadas con una cámara oculta, también aparecen Kenji Fujimori, su asesor Alexei Toledo, el ahora ex funcionario Fredy Aragón Valdez y Alberto Borea, abogado del presidente Kuczynski.
Para el ex procurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia, existe la probabilidad de que este hecho configure un delito de corrupción: cohecho o tráfico de influencias.
Lo que Vargas Valdivia asegura que sí existe es una infracción a la Constitución, con lo cual un congresista puede ser pasible de un proceso en el Parlamento que generaría su inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“La fiscalía tendría que iniciar de oficio una investigación. Previamente, se tiene que levantar la inmunidad parlamentaria”, precisó. Anoche, la Fiscalía de la Nación dispuso realizar acciones inmediatas para iniciar una investigación preliminar por el caso de los videos.
Vargas Valdivia consideró que se tendrá que analizar si el ofrecimiento de obras califica como una prebenda, y si el Ejecutivo se benefició, para que finalmente configure un acto de corrupción. Indicó que el delito de cohecho será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de cinco años.
En la misma línea, el abogado Luis Lamas Puccio remarca que los videos son elementos indiciarios que deben motivar una investigación del Ministerio Público.
“Lo que aparece en el video o era una tentativa de corrupción o se convirtió en un acto de corrupción. En ambos casos está penado. Podría ser tráfico de influencias o también cohecho. En ambos casos podría haber un concurso real de delitos. La fiscalía debería abrir una investigación de oficio. Acá estamos hablando de una responsabilidad penal”, señaló.
