El proyecto de estatuto, presentado por el juez supremo Manuel Luján Túpez y respaldado por el programa europeo EL PAcCTO 2.0, busca reunir a magistrados de América Latina y Europa. Su suscripción está prevista para diciembre.
El Poder Judicial del Perú presentó el proyecto de Estatuto de la Red Eurolatinoamericana de Extinción de Dominio, una iniciativa de cooperación internacional que busca articular el trabajo de jueces especializados de América Latina y Europa frente a la corrupción, el lavado de activos y el crimen organizado transnacional.
El documento fue expuesto por el juez supremo Manuel Luján Túpez, coordinador del Subsistema Especializado en Extinción de Dominio, durante una reunión preparatoria virtual seguida desde el Palacio de Justicia. En el encuentro participaron representantes judiciales de ocho países latinoamericanos y europeos.
La propuesta cuenta con el respaldo de EL PAcCTO 2.0, programa de cooperación de la Unión Europea con América Latina y el Caribe. Su objetivo es facilitar una respuesta judicial más rápida y coordinada ante organizaciones criminales que dirigen sus operaciones desde un país, cometen delitos en otros y trasladan sus ganancias ilícitas a distintas jurisdicciones.
El anuncio fue difundido por el Poder Judicial mediante un comunicado fechado el 15 de setiembre y reproducido por medios oficiales el 16 de setiembre de 2026.
UNA RED PARA RECUPERAR ACTIVOS ILÍCITOS
La futura red está concebida como un mecanismo permanente de cooperación judicial de carácter técnico, estratégico y no vinculante. Su propósito será promover el intercambio de experiencias, difundir buenas prácticas y acercar criterios sobre la recuperación de bienes vinculados a actividades ilícitas.
Su ámbito de actuación comprenderá a los países de América Latina y a los Estados miembros de la Unión Europea que cuenten con sistemas de extinción de dominio o mecanismos equivalentes para recuperar activos de origen criminal.
La iniciativa parte de una realidad cada vez más evidente: las organizaciones delictivas operan fuera de las fronteras nacionales y utilizan empresas, sociedades y sistemas financieros de diferentes países para ocultar y movilizar sus ganancias.
EL RESPALDO DE LA UNIÓN EUROPEA
El apoyo europeo se canaliza mediante EL PAcCTO 2.0, segunda fase de un programa de cooperación iniciado por la Unión Europea en 2017.
Esta nueva etapa fue formalizada en Bruselas en noviembre de 2023, con un presupuesto de 58,8 millones de euros. A diferencia de la primera fase, amplió su alcance geográfico al Caribe y cuenta con la participación de Bélgica, España, Francia, Italia, Países Bajos y Portugal como Estados miembros implementadores.
El programa busca fortalecer el Estado de derecho y mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones de justicia y seguridad de América Latina y el Caribe frente a la delincuencia organizada.
En la reunión preparatoria participaron representantes de los poderes judiciales de Costa Rica, Colombia, Ecuador, El Salvador, España, Italia, México y Guatemala, además de otras autoridades invitadas.
Por EL PAcCTO 2.0 intervino Daniel Francisco, identificado en el comunicado del Poder Judicial como experto principal en lavado de activos y recuperación de bienes.
“YA NO PODEMOS SEGUIR SIENDO ISLAS”
Durante su intervención, Luján Túpez sostuvo que las fronteras dejaron de constituir una barrera para las organizaciones criminales y que esa transformación exige una respuesta conjunta de los sistemas de justicia.
“Ya no podemos seguir siendo islas en el mundo. Necesitamos unirnos, trabajar juntos, compartir experiencias, intercambiar buenas prácticas y poder hacer que el trabajo que tanto nos cuesta en cada país pueda tener éxito para el bien de nuestros connacionales”, afirmó.
El representante de EL PAcCTO 2.0 explicó que la delincuencia organizada puede dirigir sus estructuras desde un territorio, ejecutar sus actividades ilegales en otros, utilizar sociedades constituidas en diferentes jurisdicciones para lavar dinero y mantener sus activos en terceros países.
“Por eso, la cooperación internacional ya no puede limitarse a responder a una solicitud puntual de otro país. Necesitamos mecanismos de cooperación más rápidos, más directos y, sobre todo, basados en la relación de confianza entre profesionales”, señaló.
También remarcó que la lucha contra el crimen organizado no termina con la identificación y condena de los responsables, sino que requiere privarlos de los beneficios económicos obtenidos mediante sus actividades ilícitas.
“Ningún país puede hoy responder por sí solo a este desafío y, en materia de delincuencia transnacional, muchas veces el primer problema no es la ausencia de instrumentos jurídicos, sino algo más sencillo: saber con quién hablar”, manifestó.
A su juicio, disponer de un contacto directo que conozca el sistema jurídico del otro país puede marcar una diferencia decisiva para un juez, fiscal o investigador que necesita información o asistencia en el extranjero.
“Poner en contacto a jueces de diferentes países permite compartir soluciones, comparar experiencias y desarrollar una comprensión común de estos desafíos. No se trata de crear una red para interferir en la independencia judicial, sino de crear un espacio de intercambio”, puntualizó.
LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
Según el estatuto presentado por Luján Túpez, la red tendrá entre sus principales objetivos fortalecer la cooperación judicial internacional en materia de extinción de dominio y recuperación de activos.
También procurará facilitar el intercambio de experiencias, buenas prácticas, conocimientos y criterios jurisprudenciales; reforzar las capacidades especializadas de jueces, fiscales y otros operadores; y articular su trabajo con las instituciones competentes de cada Estado miembro.
El documento señala que la recuperación de activos deberá realizarse respetando los derechos humanos, la independencia judicial y los ordenamientos jurídicos nacionales.
Entre los principios que orientarán su funcionamiento figuran la legitimidad, la confianza, la buena fe, el respeto jurídico, la cooperación internacional, el intercambio de información y el cumplimiento de los tratados internacionales.
La estructura propuesta incluye un Consejo Superior de la Red, una Secretaría Permanente, una Secretaría Pro Tempore, coordinadores nacionales y los miembros integrantes.
MÁS DE US$224 MILLONES EN BIENES EXTINGUIDOS
Según cifras del Poder Judicial, entre 2019 y mayo de 2026 el Subsistema Especializado en Extinción de Dominio dispuso la extinción de bienes vinculados a actividades criminales por más de US$224 millones. El comunicado institucional calcula que este monto equivale a más de S/760 millones.
Durante 2026, el valor de los activos recuperados para el Estado peruano superó los US$17 millones. La cifra exacta proporcionada por el Poder Judicial asciende a US$17 millones 080 mil 976.
La misma fuente informó que en 2025 se recuperaron US$39 millones 394 mil, mientras que en 2024 se alcanzó un récord de US$80 millones 323 mil.
Estos dos últimos montos anuales corresponden a información difundida por el Poder Judicial y no han sido contrastados con registros independientes.
LA RED SURGE EN MEDIO DEL DEBATE SOBRE LA LEY 32326
El impulso de esta alianza internacional coincide con los cuestionamientos a la Ley 32326, aprobada por el Congreso en mayo de 2025 y posteriormente promulgada por el Poder Ejecutivo.
La norma modificó el Decreto Legislativo 1373, que estableció el sistema de extinción de dominio en 2018, con el propósito declarado de “perfeccionar” el procedimiento.
Uno de sus principales efectos es que condiciona la acción de extinción de dominio a la existencia de una sentencia firme o de un procedimiento penal archivado por falta de pruebas. Según especialistas y autoridades del sistema de justicia, este cambio limita la autonomía que caracterizaba al mecanismo y dificulta la recuperación de bienes ilícitos cuando el proceso penal no logra avanzar.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, calificó la reforma como “un serio retroceso” en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos. Asimismo, pidió al Ejecutivo y al Congreso revisar la norma.
Tello Gilardi advirtió que el modelo anterior permitía recuperar activos ilícitos incluso en casos en los que el proceso penal no prosperaba por falta de prueba directa contra una persona.
La Junta de Fiscales Supremos también expresó su “rotundo rechazo” a la ley. La entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sostuvo que la reforma fue promulgada sin considerar los aportes técnicos del Ministerio Público y sin respetar plenamente los compromisos asumidos por el Perú en las convenciones de Palermo y Mérida.
El Poder Judicial ha señalado, además, que más del 82 % de los procesos resueltos por los jueces del subsistema no fueron impugnados por las personas investigadas. La institución presenta este dato como un indicador de la eficacia del modelo anterior.
LA FIRMA ESTÁ PREVISTA PARA DICIEMBRE
El proyecto de estatuto quedó sometido a la evaluación de los poderes judiciales participantes. De acuerdo con lo anunciado durante la reunión, su suscripción está prevista para diciembre de 2026.
Si el documento recibe la aprobación de los países involucrados, la Red Eurolatinoamericana de Extinción de Dominio quedará formalmente constituida, se instalarán sus órganos de dirección y cada Estado miembro designará a sus coordinadores nacionales.
Hasta el cierre de esta edición, no se habían comunicado la fecha exacta ni la sede en la que se realizará la firma.
Con la presentación del proyecto, el Poder Judicial peruano busca dejar establecida una instancia permanente de coordinación entre magistrados de América Latina y la Unión Europea. La iniciativa todavía se encuentra en fase de evaluación y su entrada en funcionamiento dependerá de la suscripción prevista para diciembre.
