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La Procuraduría Anticorrupción presentó ayer una solicitud ante la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima para que incluya al ministro de Transportes, Martín Vizcarra, en la investigación preliminar por el Caso Chinchero.
El pedido deja en claro, que para la procuraduría existen indicios suficientes de irregularidades cometidas por el también vicepresidente y titular del MTC, que junto a la interpelación solicitada en el Congreso, lo dejan si el sustento suficiente para mantenerse en su cargo.
Como se recuerda, dicha fiscalía a cargo del fiscal José Domingo Pérez decidió esta semana abrir una investigación preliminar a funcionarios de Pro Inversión que integraron el comité que realizó la licitación por el aeropuerto de Chinchero.
A ellos se les atribuye el presunto delito de colusión en agravio del Estado. La decisión se tomó a solicitud de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que consideró que el primer contrato para construir el terminal aéreo era lesivo al Estado.
Ahora, el pedido de la procuraduría consiste en ampliar la investigación preliminar, incluyendo en calidad de investigados a Vizcarra y a la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, quien firmó con el consorcio Kuntur Wasi la cuestionada adenda al contrato del 2014, que también se ha considerado que va en contra de los intereses del Estado.
También se incluye a Yaco Rosas Romero, director general de Concesiones en Transportes del MTC; Alfredo Juan Carlos Dammert Lira y Antonio Balbuena Vela, miembros del Consejo Directivo de Ositran que votaron a favor de la adenda en enero pasado. Sobre ellos recae la sospecha de negociación incompatible.
En el caso de la empresa privada, la procuraduría atribuye el presunto delito de negociación incompatible a Carlos Vargas Loret de Mola, presidente de Kuntur Wasi, conocido por la fotografía que se tomó junto al presidente PPK y sus dos vicepresidentes, durante el almuerzo donde celebraron el triunfo en la segunda vuelta.
El procurador anticorrupción Amado Enco explicó que, a nivel preliminar, en el proceso de suscripción de la adenda “se habrían tomado decisiones que terminan favoreciendo a los intereses de la empresa privada en detrimento de los intereses del Estado”. La adenda ha terminado desnaturalizando, a juicio de la procuraduría, el contrato de concesión bajo la modalidad de Asociación Público-Privada (APP).
“Este contrato nace trasladando el mayor porcentaje de riesgo en la ejecución de la obra al privado, que tenía que participar con una inversión del 80%, mientras que el Estado asumía el menos riesgo, del 20%. Ahora con la adenda, eso se ha invertido trasladando el mayor porcentaje de riesgo al Estado, porque participa con un desembolso mayor de dinero en la fase inicial”, comentó. Asimismo, cuestionó que se permita que Kuntur Wasi mantenga el plazo de concesión del aeropuerto por 40 años.
