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Una nueva crisis política empezó la madrugada del lunes último en el noveno piso del edificio del Ministerio Público, en el centro de Lima, donde se ubica el despacho de la fiscal de la nación Patricia Benavides.
Para entender todo este escándalo político, con claros indicios de corrupción, desatado entre los poderes e instituciones del Estado, podemos decir que es una clara e ilegal pugna por el poder en busca de impunidad. En la que participan actores que obedecen a intereses personales y actúan en base a métodos de protección que atentan contra el ejercicio de la justicia, en el que la ilegalidad y el dinero son el común denominador.
Retomando los hechos suscitados la noche del último lunes, y para que la lectoría tenga un mayor entendimiento de lo que realmente sucede, es que se deduce que la fiscal Patricia Benavides, eventualmente enterada de que el Equipo Especial contra la Corrupción del Poder y la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad realizarían una operación que acabaría con la detención de sus asesores, la magistrada citó a su círculo más cercano para sostener una reunión de urgencia, según registra el cuaderno de ocurrencias.
La cita, que empezó sobre las 20:30 horas del domingo 26 de noviembre y acabó cerca de las 04:00 horas del lunes, culminó con la destitución de la fiscal Marita Barreto, jefa del equipo anticorrupción que ejecutó la operación ‘Valquiria V’ y que sindica a Benavides como la cabeza de una red criminal que influyó “ilícitamente en decisiones de congresistas” durante al menos en tres ocasiones: para promover la destitución de los titulares de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), la designación del actual defensor del pueblo, Josué Gutiérrez y la inhabilitación por el Congreso de la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
‘Valquiria V’ acabó con la detención de Jaime Villanueva, mano derecha de la fiscal de la Nación, quien, según un documento judicial, entre agosto y octubre de 2022 realizó coordinaciones con al menos 11 parlamentarios de las bancadas de Avanza País, Acción Popular, Fuerza Popular, Renovación Popular, Perú Bicentenario y Podemos Perú, de acuerdo con diferentes versiones.
La acción se replicó con Abel Hurtado y Miguel Ángel Girado, otros dos miembros del Ministerio Público cercanos a la magistrada. La información recabada refiere, además, que los diputados José María Balcazar (Perú Bicentenario), Lady Camones (Alianza para el Progreso) y Gladys Echaíz (Renovación Popular) recibieron a los asesores en sus oficinas del Legislativo.
Mientras se efectuaba el operativo, dos fiscales supremos pidieron la renuncia de Benavides, algunos congresistas comenzaron a pedir un adelanto de elecciones y la JNJ, organismo que puede cesarla, convocó a una sesión permanente para evaluar posibles acciones.
En medio de esos avatares, la fiscal general grabó un pronunciamiento en el que señaló que la investigación en la que está incursa es un “ataque premeditado” y un “intento torpe” de los “poderosos que no quieren ser investigados”.
De igual modo, anunció que presentó una denuncia al Congreso contra la presidenta Dina Boluarte y el primer ministro, Alberto Otárola, por cuatro muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023, una acusación constitucional que también salpica a otros tres exministros del Interior que ocuparon esa cartera durante las protestas.
Casi cuatro horas después, Boluarte se pronunció junto a su Gabinete Ministerial en Palacio de Gobierno, para señalar que esta denuncia es una “deleznable maniobra política” con la que Benavides pretende “distraer la atención” ante la investigación abierta por la unidad anticorrupción de la Fiscalía.
La mandataria señaló que le causa “extrañeza” que la denuncia “haya sido presentada luego que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones”, aun cuando el viernes último fue notificada sobre la prolongación de la investigación para los próximos ocho meses.
Asimismo, agregó que las investigaciones que comprometen a la fiscal de la Nación y su equipo “deben realizarse con absoluta transparencia, celeridad y respetando el debido proceso legal” en una alocución que marca, además, un encontronazo inédito entre las dos mujeres más poderosas del país.
A Benavides y Villanueva, al igual que a dos asesores —Abel Hurtado y Miguel Angel Girao—, se les acusa de haber influido en la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, en la inhabilitación pública de la exfiscal Zoraida Avalos y de tratar de destituir a representantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Gutiérrez salió del país el domingo 26 de noviembre, justo un día antes de que el equipo especial de fiscales contra la corrupción Eficcop iniciara los arrestos el lunes.
Aquí lo que sucede es que como lamentablemente casi todos los actores de las principales instituciones tutelares del país tienen investigaciones y procesos legales en curso, todos a una quieren tener gente “de confianza” en las instituciones encargadas de investigar sus procesos y de la presentación de las respectivas denuncias. Pero esto va más allá, pues también está pendiente el hecho de querer tumbarse a la actual Junta Nacional de Justicia, pues sus miembros son los encargados de nombrar y ratificar a los jueces que verán sus procesos en curso. Vieron que ahora todo tiene sentido…
Aquí lo real es que el 6 de diciembre la Junta Nacional de Justicia ha programado una audiencia para ver el caso de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La misma que se llevará a cabo a las 9 de la mañana de manera presencial, por un lapso de 30 minutos en el auditorio de la JNJ, en San Isidro. Estaremos muy atentos. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
