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Lo ocurrido en este proceso electoral ocasionado por la confusión en las normas, la aplicación de las mismas y las diferencias en la interpretación por parte de las autoridades para resolver los casos en sus respectivas instancias, es algo que debe servir de lección para que en el futuro no vuelva a suceder.
Y para ello, se necesita del compromiso de todos los actores de este proceso, esto es, en primer lugar, el Congreso de la República, encargado de aprobar las leyes; las instituciones que conforman el sistema electoral, y los partidos políticos.
No debe esperar más tiempo el Congreso de la República para tratar una nueva legislación electoral moderna, clara, que no dé pie a más confusión en su aplicación. Y en la elaboración de esta nueva ley deben intervenir sin duda las instituciones del sistema electoral. El Jurado Nacional de Elecciones debe jugar un rol importante en esta tarea, como encargado de administrar justicia en materia electoral.
No podemos seguir con el discurso de siempre, de estar culpándose unos y otros de los que se hizo y no se hizo. Es inaceptable que se apruebe una norma y se ponga en vigencia cuando ya se inició el proceso, como en el presente, porque ello solo genera suspicacias, y con justa razón. ¿Por qué los congresistas tienen que esperar el último momento para aprobar una ley, cuando tuvieron cinco años para hacerlo?
Como también lo es que la autoridad electoral presente un proyecto de ley y cuando se presentan problemas como ahora, diga que no cumplieron sus recomendaciones. Entonces, tanto el Congreso como las instituciones electorales deben trabajar de la mano en esta legislación.
Nos parece bien que se haya pedido la inclusión de la reforma electoral en la agenda de la legislatura ordinaria, que se instaló el jueves pasado, pues aunque es la última de este quinquenio, consideramos que lo que se avance en estos meses servirá de base para que el nuevo Parlamento, cuya composición será elegida precisamente en las elecciones del 10 de abril, lo concluya en tiempo suficientemente razonable.
Los partidos políticos también tienen que hacer lo suyo. Y es sencillo: cumplir a cabalidad lo que establecen las normas, desde las que rigen para su democracia interna, con plazos incluidos.
No es posible que un partido al que le notificaron en diciembre la observación a la modificación de sus estatutos e inscripción de su tribunal electoral, inscriba su plancha presidencial en enero sin haber subsanado lo que se le pidió.
O que pretenda convalidar con el acta de una asamblea celebrada después de su inscripción, todo lo que hizo mal y no cumplió en los plazos establecidos. Suena a burla decir que porque nadie en el partido reclamó por lo mal hecho, con ese documento ya todo quede subsanado.
Hace bien el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral en señalar que la principal regla ética es respetar la ley, porque sin ello tampoco se respetan los compromisos asumidos por los partidos políticos que participan en las elecciones. Y para ello, debemos contar con una ley clara, coherente, que no se preste a confusiones ni malas interpretaciones. Hasta mañana amigos de La Primera. ♦
