MENU
Siete constitucionalistas más presentaron ayer su carta de renuncia al consejo consultivo de la Comisión de Constitución en desacuerdo con las reformas aprobadas en el Congreso sobre inmunidad parlamentaria y prerrogativas a altos funcionarios público, con lo cual suman 11 las dimisiones.
En una carta conjunta dirigida al presidente de la comisión de Constitución, Omar Chehade (APP), presentaron su dimisión los constitucionalistas Elena Alvites, Betzabé Marciani, Rocío Villanueva, Elizabeth Salmón y Luciano López Flores.
Lo propio hizo el constitucionalista Juan Carlos Ruiz Mollenda y Samuel Abad, en cartas enviadas al titular de la Comisión de Constitución.
A estas renuncias al consejo consultivo se suman las dimisiones de los constitucionalistas Óscar Urviola, César Landa, Pedro Cateriano y Javier de Belaunde.
En la renuncia conjunta, los abogados explican que colaboraron con el Parlamento honrados de servir al país y confiados en las reformas democráticas del renovado Congreso.
No obstante, expresan su rechazó a la forma en que se aprobaron en primera votación la reforma constitucional sobre eliminación de la inmunidad parlamentaria y el antejuicio para los ministros de Estado, la ampliación de los delitos por los cuales puede ser acusado el presidente de la República, así como la eliminación de la inmunidad para el Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo.
“Contravienen uno de los principios esenciales de nuestro estado constitucional, como el principio democrático recogido en la Constitución” y el impacto que tienen en el equilibrio de poderes es de especial gravedad, advierten.
“Invocamos a la reflexión de nuestros representes en el Congreso para que tomen en consideración las graves consecuencias que este tipo de proceder supone para la institucionalidad democrática, en especial en medio de este difícil momento que está atravesando el país”, apuntan.
Ruiz Mollenda, a su vez, asegura que no está de acuerdo con la forma en que el Congreso aprobó las modificaciones constitucionales sobre inmunidad parlamentaria, de forma inmotivada, en apenas dos horas, sin dictamen previo, sin debate, sin deliberación pública y de espaldas a las opiniones públicas.
Este tipo de decisiones, precisa, afectan la autonomía y facultades de los magistrados de TC, del defensor del Pueblo, del presidente de la República y los ministros de Estado, alterando de esta forma la base del sistema democrático basado en la división de poderes.
