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Dinero de Caja 2 no podría usarse como prueba de delito
La estrategia de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez contra políticos se vería afectada por la reciente absolución de Marcelo Odebrecht en Brasil.
La actuación de los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez en el caso Lava Jato podría beneficiar a la corrupción. Los miembros del Equipo Lava Jato usaron una teoría criminal para imputar a expresidentes y otros políticos, la cual suponía que el dinero aportado por Odebrecht era de origen ilícito.
Cuando convinieron firmar el acuerdo de colaboración eficaz con la empresa de Marcelo Odebrecht y su exejecutivo Jorge Barata, los funcionarios del Ministerio Público aceptaron no denunciar ni acusar a los brasileños por cohecho (soborno), colusión (complicidad en delito) ni organización criminal (asociación ilícita).
La teoría podía beneficiar a Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, además de Keiko Fujimori, al librarlos de cualquier imputación. Por eso, Vela y Pérez optaron por el delito de lavado de activos, por el supuesto recibo de dinero de origen ilícito (la famosa “Caja 2”). La semana pasada, la justicia de Brasil resolvió que no se puede afirmar que los pagos sean de procedencia corrupta, y la pregunta es si todo el caso Lava Jato en Perú seguirá el mismo destino.
El juez Dias Toffoli, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, anuló varias decisiones judiciales anteriores emitidas en contra de Marcelo Odebrecht. Los indicios de violación al debido proceso atribuidas al exjuez Sergio Moro fueron determinantes.
Desde El Comercio, diario donde el confeso cómplice de los brasileños, Jose Graña Miró Quesada, tiene acciones, aseguró que sus fuentes informativas aseguraban que esto solo impacta las investigaciones en Brasil en las que el empresario no había admitido responsabilidad. Es decir, que los hechos confesados quedaban firmes, tanto en el país vecino como en Perú.
Toffoli ya había tomado decisiones similares en los casos de Lula da Silva, el mencionado Ollanta Humala, y Jaime Yoshiyama, exsecretario general de Fuerza Popular, y varios empresarios de Panamá. En estos casos, se determinó que no se había respetado la cadena de custodia con la información de la Caja 2, porque los archivos digitales extraídos de los servidores My Web Day y Drousy se colocaron en soportes transportados en bolsas.
Esta forma de trasladar la información no brindaba garantías de que no hubiera manipulación (como si un objeto no fuera lacrado). Por ello, Diaz Toffoli anular su valor probatorio. Esto ya ha redundado en que Jorge Barata se niegue a declarar en procesos no incluidos en el acuerdo de colaboración eficaz.
El primer caso ocurrió el año pasado con el juicio a Humala por supuesto lavado de activos con aportes de Odebrecht. El ex CEO iba a dar su testimonio de cómo apoyaron económicamente las campañas presidenciales del 2011, pero ante la decisión judicial en su país, de no usar información de la Caja 2 en el sistema judicial, su palabra no será usada.
El fiscal Pérez ya ha pedido que se anulen los beneficios de la colaboración eficaz de los cuales goza Barata. Si el Poder Judicial le diera la razón al integrante del Equipo Lava Jato, se ordenaría la captura del brasileño, pero esta orden solo quedaría en el papel, porque con el país de Pelé no existe tratado de extradición.
Hace unas semanas, la defensa de Keiko Fujimori había acudido a la justicia brasileña para que se pronuncie en específico por su caso. Sus argumentos son parecidos a los planteados por Yoshiyama luego de conocido lo del caso Humala, por lo cual tendrían éxito a corto plazo.
El inicio del juicio a la lideresa de Fuerza Popular está programado para la primera semana de julio.
