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Estamos iniciando un nuevo periodo de doce meses en el que el principal propósito en el ámbito político deber ser realizar cambios radicales. Cambios que signifiquen romper con el sentimiento de conformismo y mediocridad que el gobierno de Dina Boluarte de mala manera ha implantado. Bajo la justificación tácita de haber sucedido a un gobierno golpista y corrupto, Boluarte y compañía, intentan asentarse y ejercer, en el periodo de tiempo que les queda, como un gobierno de mal menor, que hace lo que puede y que con ello está cumpliendo mínimamente con su obligación. Como si nos hicieran un favor. Y eso no es así, ni debe ser aceptado por la ciudadanía que ha tomado conciencia y se está expresando. Este rechazo se evidencia claramente en los diversos sondeos de opinión realizados antes de finalizar el 2023, en que el nivel de desaprobación gubernamental sobrepasaba pasaba el 90%.
El gobierno mediocre, por decir lo menos, de Dina Boluarte, quiere proyectar una imagen de ser una administración salvadora, a la cual toda la población debe aceptar y agradecer por el sacrificio de hacerse cargo de un gobierno en una época de crisis, al menos ese es el mensaje que se percibe. Y esa es una manipulación de masas vil, pues este gobierno es parte de la plancha que se postuló con el partido Perú Libre y compartió plancha electoral y cogobernó con el encarcelado expresidente Pedro Castillo Terrones, Dina Boluarte fue Ministra de Desarrollo e Inclusión Social en esa funesta y corrupta primera fase de gobierno y en ese periodo se hizo de la vista gorda ante todos los evidentes actos de corrupción. Este no es un segundo gobierno, es la continuación del mismo. Esta actitudde la actual presidenta durante la anterior administración, a la luz de los hechos, fue un comportamiento premeditado y hasta parte de un plan estructurado para hacerse del poder de rebote.
Conjeturas a un lado, lo tangible es que este gobierno no da la talla ante la gran responsabilidad y el reto que tiene la Nación por delante. Estamos ante una crisis política desatada para controlar el Ministerio Público y el Poder Judicial, guerra fría entre poderes y personajes que ha encontrado su piedra de toque en la Junta Nacional de Justicia, estamento al que cada uno de los actores o fuerzas intentan manipular, bajo el método de destitución o renovación de sus miembros. Todas estas maniobras son impulsadas por el altísimo nivel de corrupción que existe dentro de los poderes del estado y en las cúpulas que los dirigen.
Intentar controlar o apoderarse de la Junta Nacional de Justicia tiene como objetivo curarse en salud bajo un manto de impunidad, pues la Junta tiene poderes extremos para nombrar y destituir funcionarios en el sistema de administración de justicia, y dichas atribuciones pueden ser utilizadas a conveniencia de los implicados en los procesos judiciales en curso o por venir para librase de justas sentencias.
La JNJ ha sido concebida con excesivas atribuciones, que solo funcionarían en un país del primer mundo. Pero debe recordarse que la Junta fue creada durante el gobierno de Martín Vizcarra, el único ex presidente acusado de corrupción que no ha sido sometido a prisión preventiva, saquen sus propias conclusiones.
En política no hay casualidades. Y si usted amigo lector se pone a analizar fríamente los hechos se dará cuenta que todo forma parte de diversos planes orquestados por diferentes sectores que ostentan el poder político y mueven sus fichas para allanarse el camino para poder actuar ilícitamente y gozar de plena impunidad.
La ciudadanía debe estar alerta y nos distraerse, ya que en marzo se inicia la primera legislatura en el Congreso de la República, y un hecho importantísimo es la puesta en debate el tema sobre la Junta Nacional de Justicia, que podría devenir en una destitución y a su vez la elección de nuevos miembros. Hecho importantísimo pues marcaría el rumbo de la calidad del ejercicio de la justica en el país, sobre todo en procesos anticorrupción emblemáticos, entre los que se encuentran en curso varios en contra diversos congresistas y la presidenta de Boluarte. Por ello esta última no se ha pronunciado al respecto y estaría manejando bajo la mesa este tema con sus aliados en el congreso.
Este nuevo año requiere que la ciudadanía y las organizaciones civiles se manifiesten para presionar a las autoridades en busca de mejorar la calidad de gobierno. La ola de violencia en el país no cesa y el presidente del Consejo de Ministros Alberto Otárola parece estar más concentrado en sus devaneos románticos que en los problemas del país. Lo mediocre de sus resultados y el poder acumulado sobre sus hombros exige ya que sea expectorado para lograr un impulso en la mejora de las políticas de gobierno. Al parecer Boluarte no tiene el valor para pedirle su renuncia, pues al parecer tampoco tiene la capacidad para gobernar sin él. Una dependencia terrible que traerá funestas consecuencias.
Otro personaje que debió renunciar o ser renunciado es el aun ministro de Economía Alex Contreras que contradice los indicadores internacionales sin miramientos, cae en el error, luego admite una recesión negada y muy suelto de huesos sigue en el cargo como si nada hubiese pasado. Hecho que solo expresa una total falta de seriedad en el manejo económico del país.
Juntando todos estos hechos se puede llegar a la conclusión que a este gobierno le vale madre los malos resultados, la crisis de seguridad, la recesión existente y se zurra en la opinión pública, pues cree saber que su contrato de gobierno está asegurado hasta julio del 2026, fecha hasta la que espera seguir mamando.
Todo esto exige que la ciudadanía en pleno haga sentir su rechazo para juntos darle un tremendo jalón de orejas a este gobierno insensible que hasta el momento no da la talla para enfrentar siquiera los problemas más álgidos que afectan al país, como son la inseguridad ciudadana, la crisis económica, la carencia en el sistema de salud, entre otras. Seguiremos luchando por que la ciudadanía sepa la verdad que hay detrás de la aparente verdad. Hasta la próxima semana mis amigos de Primera.
