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Por Oswaldo Vargas, Alcalde de Lurigancho – Chosica
La ola creciente de violencia que vive el país, es un hecho social nunca visto en nuestra historia contemporánea. El terror urbano amenaza con apoderarse de las ciudades a nivel nacional. Los asesinatos, balaceras, cobros de cupos, secuestros y extorsiones se están convirtiendo en cosa cotidiana que amenazan con arrasar bajo el asombro de la ciudadanía, para convertir negativamente estos hechos en algo común, situación que como Alcalde de mi distrito no voy a permitir, pues es mi responsabilidad como autoridad hacerle frente a los males sociales que afecten a nuestra comunidad.
Hace unos días el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, garantizó que las medidas que impulsa el Ejecutivo, con la declaratoria de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres en Lima, y Sullana en Piura, tienen por principal objetivo proteger a la población, acción decidida e importante pero incompleta para lograr avanzar en la lucha contra la inseguridad ciudadana.
Para lograr una lucha frontal contra el azote de la violencia urbana es importante y vital que el Congreso de la República le otorgue al Poder Ejecutivo las facultades legislativas, destinadas a proteger a la población y a reducir la sensación de inseguridad ciudadana en el país, por ello este requerimiento es prioritario y complementario a los estados de emergencia decretados por el gobierno.
Cabe señalar que la declaratoria de emergencia en los distritos mencionados establece que el control del orden interno continúe a cargo de la Policía, pero con el apoyo estratégico de las Fuerza Armadas. Esto permitirá dar golpes contundentes a quienes mantienen en zozobra a la población medida con la cual estamos completamente de acuerdo.
Así también, teniendo conocimiento que el día miércoles 20 de setiembre de 2023, el distrito de San Juan de Lurigancho, por iniciativa de su alcalde Jesús Maldonado Armado realizará una marcha pacífica al Congreso de la República, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con un acto al que nos debemos sumar la ciudadanía en su conjunto como demostración unión en defensa de la seguridad y la paz.
Es importante también acotar que el estado de emergencia decretado en las zonas mencionadas podría acarrear que la delincuencia se traslade a otras colindantes como lo han mencionado algunas autoridades ediles, lo cual obligaría a ampliar las zonas de emergencia sin ningún impedimento legal. Cabe rescatar que estas reacciones son una demostración que el Estado tiene la obligación de cumplir con la seguridad y la paz social.
