UTP CON LAS HORAS CONTADAS

Se les viene la noche. La semana que pasó, la Comisión de Educación del Congreso de la República solicitó formalmente al Pleno facultades para investigar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) por los licenciamientos irregulares otorgados a las universidades, mientras corría por cuerda separada el intento de interpelar al ministro Martín Benavides por el aparente favorecimiento a la Universidad Tecnológica del Perú (UTP).

Como si esto fuera poco, el investigador de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, José Carlos Ordoñez, alcanzó también a ese grupo parlamentario encabezado por Luis Dioses un informe pormenorizado que demostraría que la universidad del poderoso Grupo Intercorp mintió para obtener el licenciamiento de su filial en esa región del sur, ya que fue otorgado el 12 junio del 2019, dos meses antes de que recibiera, recién el 13 de agosto, su licencia de construcción de parte de la Municipalidad Provincial de Ica. 

El huayco que amenaza llevarse al ministro Benavides y de relancina al poderoso banquero Carlos Rodríguez Pastor tiene su origen en una moción de orden del día presentada el 26 de junio último, en la que la Comisión de Educación solicitó la prerrogativa de indagar a los funcionarios de la Sunedu por haber autorizado el funcionamiento de las filiales de la Universidad Tecnológica del Perú SAC y la Universidad Privada Peruano Alemana SAC. 

 Si en el curso de su trabajo la comisión encontrase responsabilidad en algún alto funcionario tendría que presentar una denuncia constitucional o común, lo que desaguaría en un antejuicio político.

Congreso calienta motores para investigar a fondo licenciamientos otorgados a Grupo Intercorp de Rodríguez Pastor por ex jefe de Sunedu y actual ministro Martín Benavides.  

La comisión deja en claro que la investigación ha sido motivada por “el deficiente accionar de los funcionarios de la Sunedu en los mencionados procesos de licenciamiento institucional, quienes habrían usado el prestigio de dicho organismo para beneficio personal y de terceros, incumpliéndose con una evaluación imparcial y uniforme”.

 Las acusaciones que ahora tienen en vilo al actual ministro Martín Benavides y al   mandamás del Grupo Intercorp, Carlos Rodríguez Pastor, tuvieron su origen hace unas semanas en una denuncia planteada por el portal ‘Lima Gris’ por el aparente favorecimiento de la Sunedu a la UTP en la adjudicación de licenciamiento a siete sedes en el interior del país que sólo existían en el papel.

La legisladora Cecilia García (Podemos Perú) declaró que el ministro de Educación se tenía que ir preso por estos hechos turbios y pidió a la Fiscalía que, actuando de oficio, proceda al cierre de estos locales. “No hay que tener miedo de decir que el señor (Carlos) Rodríguez Pastor que está detrás de Intercorp está detrás de la UTP y que la UTP ha tenido el privilegio de tener licencia por ejemplo en Lambayeque sin siquiera terminar la construcción”, declaró públicamente.

BAJO LA LUPA  La moción presentada por la Comisión de Educación precisa: “Otorgar facultades de Comisión Investigadora a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte por el plazo de 120 (ciento veinte) días calendario para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento del Congreso de la República, proceda a investigar el proceso de licenciamiento de la Universidad Tecnológica del Perú SAC y la Universidad Privada Peruano Alemana SAC e identificar si existen posibles hechos irregulares y responsables de los mismos”. El documento menciona que el pedido de facultades se acordó en la sesión del 19 de junio y el 26 de junio de 2020 incluyeron en el texto de la moción el plazo de investigación por 120 días calendarios.

A la Sunedu se le acusó de haber otorgado licenciamiento, en julio del 2019, a la sede central de la UTP en Lima y simultáneamente a siete filiales en provincia que solo existían en ese momento en el papel. 

La Sunedu ha señalado que el 26 de enero del 2018, la UTP presentó la solicitud de creación de 8 filiales ubicadas en las regiones de Ancash, Cusco, Tacna, Puno, Ica, Piura, Junín y La Libertad, a las que se les otorgó los permisos correspondientes porque demostraron contar con la infraestructura y el equipamiento necesario, una versión que ahora, a la luz de los hechos posteriores, parece haber quedado desbaratada. 

Según la denuncia inicial, algunas filiales hoy continúan en construcción y otras aún no empiezan, por lo que no tienen lo que la ley exige: infraestructura completa, bibliotecas ni laboratorios. Tampoco cuentan con otro requisito exigido por la Sunedu: licencia de funcionamiento municipal que se otorga recién cuando se empieza a operar.