MENU
Congreso se mancha las manos de sangre y trata de limpiar a Boluarte por matanzas en protestas
Asesinatos a manos del gobierno se iniciaron el 7 de diciembre del 2022 y continuaron hasta marzo del 2023.
El lunes 27 de noviembre, una zarandeada Fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas (54), denunció ante el Congreso de la República a la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra (61) por la muerte de 49 personas durante las protestas sociales de diciembre del 2022, tras su abrupta llegada a Palacio de Gobierno.
‘Informo que he formulado denuncia constitucional ante el Congreso de la República contra Dina Boluarte, presidenta de la República, y Luis
Alberto Otárola’, dijo Benavides por televisión, en una acusación frontal que podría llevar a la destitución de la jefa de Estado.
Aquí una atingencia: la Fiscalía de la Nación empezó la investigación contra la presidenta Dina Boluarte en enero del 2023 por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves. En septiembre, la gobernante compareció por tercera vez ante el Ministerio Público.
Para que el Congreso apruebe la denuncia presentada por la fiscal Patricia Benavides contra la presidenta de la República se requiere de un proceso parlamentario que puede durar hasta tres meses, según fuentes legislativas a las que accedió LA PRIMERA SEMANAL.
La acusación fiscal señala que los jefes militares y policiales declararon que Boluarte Zegarra estaba informada al dedillo de la represión, aunque ella lo ha negado en todos los tonos.
Las manifestaciones antigubernamentales estallaron el 7 de diciembre de 2022, el mismo día en que Boluarte Zegarra asumía la Presidencia de la República en lugar del destituido José Pedro Castillo Terrones (54), y se extendieron hasta marzo del 2023, en un lapso de tiempo en el que murieron 49 personas.
El 11 de diciembre de 2022 se reportó el primer fallecido, un joven de Andahuaylas de 18 años llamado Beckham Romario Quispe Garfias (18), a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico grave provocado por un disparo.
Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una veintena de las víctimas falleció por impactos de bala disparados por las fuerzas militares enviadas a controlar las manifestaciones.
El miércoles 10 de mayo de 2023, Human Rights Watch señaló en un informe multimedia que el 9 de enero las fuerzas de seguridad del Perú hicieron un uso desproporcionado de la fuerza en Juliaca, ocasionando la muerte de 18 manifestantes y transeúntes.
Human Rights Watch entrevistó a 26 testigos, abogados, fiscales y familiares de víctimas en Juliaca, y analizó más de 500 fotografías y 10 horas de grabaciones de video publicadas en las redes sociales, así como las autopsias, informes de balística y el expediente penal abierto por el Ministerio Público en relación con las muertes y lesiones en esa ciudad de Puno.
El informe multimedia aporta pruebas y detalles adicionales sobre los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad en Juliaca, complementando las conclusiones de un informe publicado por Human Rights Watch el 26 de abril de 2023.
