El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco cárceles de alta peligrosidad que, según la PCM, concentran cerca del 50 % de los internos vinculados con organizaciones criminales. La medida autoriza el despliegue de la Policía y las Fuerzas Armadas para bloquear comunicaciones y evitar que se dirijan delitos desde prisión.
El Gobierno declaró por 60 días calendario el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios de alta peligrosidad mediante el Decreto Supremo N.º 128-2026-PCM, publicado el sábado 5 de setiembre de 2026 en el diario oficial El Peruano.
La medida, adoptada durante la gestión de la presidenta Keiko Fujimori, comprende los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.
El objetivo anunciado es impedir el ingreso de objetos prohibidos, bloquear las comunicaciones clandestinas y reducir la capacidad de las organizaciones criminales para planificar extorsiones, asesinatos por encargo y operaciones de narcotráfico desde las cárceles.
La Policía Nacional del Perú (PNP) conducirá las acciones destinadas a preservar y recuperar el orden, mientras las Fuerzas Armadas brindarán apoyo y resguardarán el perímetro exterior hasta un radio de 200 metros. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) conservará la administración y la custodia penitenciaria de los establecimientos.
El régimen excepcional vencerá al cumplirse los 60 días. Después de ese plazo, el Ejecutivo deberá decidir si lo prorroga, lo extiende a otras cárceles o permite que concluya.
Cinco penales bajo régimen de excepción
Dentro de los establecimientos comprendidos y en el perímetro exterior delimitado quedarán restringidos temporalmente los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito, conforme al marco aplicable a los estados de emergencia.
El decreto dispone el control estricto de los accesos, labores de inteligencia para prevenir fugas y operativos permanentes destinados a decomisar teléfonos celulares, tarjetas SIM, armas y otros objetos prohibidos.
Las intervenciones se realizarán con participación de la PNP, las Fuerzas Armadas y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, de acuerdo con las competencias asignadas a cada institución.
Las operaciones también abarcarán la vigilancia del espacio aéreo y del espectro electromagnético próximo a los penales. Con ello, el Gobierno busca detectar y bloquear las comunicaciones clandestinas utilizadas para coordinar actividades delictivas desde el interior de los establecimientos.
Según la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los cinco recintos concentran cerca del 50 % de los internos vinculados con organizaciones criminales en el sistema penitenciario nacional.
Cortar las comunicaciones del crimen
El Ejecutivo sostiene que diversas organizaciones continúan dirigiendo extorsiones, sicariato y tráfico ilícito de drogas desde prisión mediante teléfonos celulares y otros equipos de comunicación ingresados ilegalmente.
La emergencia pretende cerrar esas vías de coordinación, reforzar la vigilancia y reducir los riesgos de motines y fugas.
El plan contempla la incautación de aparatos telefónicos, el bloqueo de señales y la revisión de las antenas de telecomunicaciones ubicadas en las inmediaciones de las cárceles. También se intensificarán las acciones de inteligencia para identificar redes que operan dentro y fuera de los establecimientos.
La medida busca intervenir simultáneamente en los dos extremos del circuito: los internos que transmiten las órdenes y las personas que las reciben o ejecutan desde el exterior.
La Policía, las Fuerzas Armadas y el INPE
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, explicó que el estado de emergencia proporciona el marco legal necesario para que las Fuerzas Armadas participen en las labores de protección y control del entorno penitenciario.
“El primer objetivo es tener un cerco perimétrico donde no solo el personal del INPE y de la Policía, sino también de la Fuerza Armada, pueda realizar labores de control”, afirmó en una entrevista con Canal N.
Álvarez anunció, además, el fortalecimiento de las operaciones de inteligencia dentro de los establecimientos, la redistribución de internos según los delitos por los que cumplen condena y un sistema de beneficios asociado a la conducta penitenciaria.
También señaló que se evaluará el retiro de antenas instaladas en zonas próximas a las cárceles cuando estas faciliten comunicaciones clandestinas.
El Gobierno descartó que la intervención implique una militarización del sistema penitenciario. El INPE mantendrá la administración y la custodia de los internos, mientras la PNP y las Fuerzas Armadas asumirán las tareas extraordinarias previstas durante la emergencia.
La PCM sostuvo que el despliegue está dirigido a prevenir y combatir delitos como la extorsión, el sicariato y el tráfico ilícito de drogas organizados desde prisión.
La Defensoría del Pueblo anunció que supervisará la aplicación del decreto para comprobar que las medidas extraordinarias respeten los derechos fundamentales.
La base legal de la intervención
La declaratoria se sustenta en la Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N.º 1737, norma que modificó el Código de Ejecución Penal para fortalecer el Régimen Cerrado Especial y restringir determinados beneficios penitenciarios.
La disposición establece que la etapa de extrema seguridad debe cumplirse preferentemente en Challapalca, Cochamarca u otros establecimientos destinados a internos considerados de alta peligrosidad.
El Decreto Supremo N.º 019-2025-JUS también modificó el Reglamento del Código de Ejecución Penal con el propósito de reforzar el tratamiento aplicable a esta población penitenciaria.
Antes de anunciarse la emergencia, Fujimori se reunió en Palacio de Gobierno con el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez; y el nuevo presidente del Consejo Nacional Penitenciario del INPE, Abraham Lescano.
El encuentro tuvo como objetivo coordinar acciones inmediatas y establecer las directrices de la nueva gestión penitenciaria.
Un sistema desbordado
La intervención ocurre en medio de una crisis marcada por el hacinamiento, el déficit de personal y la limitada capacidad del Estado para impedir que las organizaciones criminales mantengan operaciones desde prisión.
El Ejecutivo señaló que el sistema penitenciario registra una sobrepoblación del 156 % y una carencia de personal cercana al 45 %. Sin embargo, el Informe Estadístico del INPE correspondiente a 2025 consigna una sobrepoblación del 139 %.
La cifra mencionada por el Gobierno durante la emergencia es, por tanto, superior al último dato estadístico publicado por la propia institución. La diferencia deberá ser aclarada mediante información oficial actualizada.
Según el INPE, en febrero de 2026 la población penitenciaria nacional ya superaba las 100 000 personas.
Como parte de la respuesta estatal, el Ministerio de Justicia aprobó el 6 de junio el Plan de Deshacinamiento Penitenciario 2026-2028, mediante la Resolución Ministerial N.º 0203-2026-JUS.
La Defensoría del Pueblo, en su Informe Defensorial N.º 272, publicado en marzo, había recomendado realizar un análisis técnico y legal para declarar en emergencia el sistema penitenciario. También advirtió que la construcción de nuevas cárceles, por sí sola, no ha solucionado el hacinamiento.
La mano dura de Fujimori
Keiko Fujimori asumió la Presidencia de la República el 28 de julio de 2026, después de vencer en la segunda vuelta a Roberto Sánchez por una diferencia inferior a 50 000 votos. Reemplazó al presidente interino José María Balcázar y comenzó un mandato que se extenderá hasta 2031.
En su primer mensaje a la nación señaló que su Gobierno concentraría esfuerzos en dos emergencias: la amenaza del fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana.
También anunció una mayor participación militar durante los estados de emergencia y afirmó que las Fuerzas Armadas asumirían temporalmente un papel central en las operaciones de seguridad y control interno.
La intervención en los cinco penales representa la primera aplicación concreta de esa política en el sistema penitenciario.
Facultades legislativas todavía pendientes
La emergencia se desarrolla mientras el Congreso bicameral evalúa el pedido del Ejecutivo para recibir facultades legislativas durante 120 días en materia de seguridad y reforma del Estado.
Fujimori ha pedido al Parlamento acelerar el procedimiento. Según declaró en San Martín, las facultades permitirían fortalecer el sistema de inteligencia y establecer una nueva calificación para determinadas organizaciones criminales.
“Necesitamos estas facultades para determinar a las organizaciones criminales como grupos hostiles, como grupos terroristas. Necesitamos fortalecer el servicio de inteligencia porque desde hace unos años no tiene capacidad operativa”, manifestó.
Desde la oposición, el senador Jaime Delgado, de Ahora Nación, consideró excesivo el plazo solicitado y advirtió que la delegación debe establecer materias y límites precisos.
“Una delegación de facultades tiene que ser acotada y específica. No se trata de dar un cheque en blanco”, señaló.
Los próximos 60 días
La efectividad de la emergencia dependerá de la capacidad del Estado para bloquear las comunicaciones ilegales, decomisar equipos, evitar fugas y controlar los accesos sin vulnerar derechos fundamentales.
En el plano operativo, el despliegue se concentrará en cuatro frentes: el control del perímetro exterior de 200 metros, la vigilancia del espacio aéreo y del espectro electromagnético, la incautación de equipos de comunicación y el reforzamiento de las labores de inteligencia.
En el ámbito jurídico, las restricciones aplicadas quedarán bajo la vigilancia de la Defensoría del Pueblo y podrán ser sometidas a control si se denuncian excesos o afectaciones injustificadas.
El plazo de 60 días también funcionará como una primera evaluación de la política penitenciaria del Gobierno. Al vencimiento, el Ejecutivo deberá demostrar si la intervención redujo la actividad criminal organizada desde las prisiones y decidir si existen razones para prolongarla.
Estado actual
El estado de emergencia se encuentra vigente en Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y Trujillo Varones.
El INPE conserva la administración y custodia penitenciaria; la Policía Nacional conduce las operaciones extraordinarias de seguridad y restablecimiento del orden; y las Fuerzas Armadas apoyan el control del perímetro exterior.
La Defensoría del Pueblo mantiene abierta la supervisión del respeto de los derechos fundamentales. Paralelamente, el pedido de facultades legislativas del Ejecutivo continúa en trámite ante el Congreso.
Dentro de 60 días, el Gobierno deberá presentar resultados y decidir si mantiene, amplía o levanta una intervención que marca el estreno de su política de mano dura en las cárceles.
