Los enclaves no autorizados también vulneran la legislación israelí. Autoridades y residentes palestinos denuncian restricciones de movilidad, cortes de carreteras, demolición de negocios, tala de árboles y arrasamiento de tierras.

Yenín, Cisjordania ocupada. “Ahora vivimos en el infierno orquestado por ellos y por sus agresiones”. Con esas palabras, el gobernador de Yenín de la Autoridad Palestina, Kamal Abu al-Rub, describió el escenario que enfrenta la zona después de que treinta familias israelíes se instalaran el jueves 20 de agosto de 2026 en Kadim, un asentamiento situado en las afueras de la ciudad.

“Limita nuestra movilidad. Cortan carreteras, arrasan tierras y talan árboles”, agregó el funcionario.

El traslado, confirmado por el Consejo Regional de Samaria y difundido por medios internacionales, se produjo después de que el gobierno de Benjamín Netanyahu levantara las restricciones que impedían a ciudadanos israelíes establecerse nuevamente en esa zona del norte de Cisjordania.

La medida forma parte de un proceso más amplio de expansión de asentamientos en territorio ocupado. Conforme al derecho internacional, los asentamientos israelíes en Cisjordania son ilegales. Los denominados enclaves o puestos avanzados que carecen de autorización oficial también vulneran la legislación israelí, aunque algunos reciben infraestructura y apoyo estatal.

Veintiún años después, los colonos regresan

La historia de Kadim se remonta al Plan de Desconexión impulsado en 2005 por el entonces primer ministro Ariel Sharon. Israel evacuó entonces cuatro asentamientos del norte de Cisjordania —Kadim, Ganim, Sa-Nur y Homesh—, además de retirar a sus colonos y fuerzas militares de la Franja de Gaza.

Durante aproximadamente dos décadas, la presencia de colonos desapareció de los alrededores inmediatos de Yenín. Abu al-Rub recuerda aquel periodo como una etapa de relativa “dicha”.

Ese escenario comenzó a revertirse progresivamente.

En mayo de 2024, el gobierno israelí avanzó en la autorización del retorno a Sa-Nur, Ganim y Kadim. Posteriormente fueron reactivándose los antiguos asentamientos hasta llegar a Kadim, cuya repoblación completa ahora el retorno a los cuatro enclaves evacuados en 2005.

Para Tareq Ighbariya, responsable de asuntos de asentamientos de la gobernación de Yenín, lo ocurrido supone en la práctica la anulación del esquema establecido hace 21 años y busca modificar de manera permanente la realidad territorial del norte de Cisjordania.

“El miedo lo domina todo”

Las consecuencias ya se perciben en las comunidades palestinas cercanas.

Residentes entrevistados en la zona denuncian dificultades para acceder a tierras agrícolas, controles de circulación, demoliciones y episodios de hostigamiento.

Un agricultor palestino de 53 años, cuya familia llegó a la zona tras abandonar Haifa durante la guerra árabe-israelí de 1948, relató que sus sobrinos han encontrado obstáculos para acceder a sus huertos.

“No tengo las fuerzas para desplazarme de nuevo”, afirmó.

En Emek Dotan, otro nuevo asentamiento al oeste de Yenín que alberga aproximadamente a dos docenas de familias, el profesor Samer Jaber describió episodios de personas grabando viviendas y focos dirigidos hacia las ventanas durante la madrugada.

“El miedo lo domina todo. Estamos completamente indefensos”, declaró.

El deterioro de la seguridad también aparece reflejado en los registros humanitarios. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) ha contabilizado durante 2026 un promedio de seis incidentes diarios relacionados con colonos en Cisjordania, entre agresiones, robos, vandalismo e incendios provocados.

En las últimas semanas también fueron demolidos negocios palestinos situados a lo largo de la carretera que conecta Kadim con otras zonas del norte de Cisjordania e Israel.

Israel habla de una “rectificación histórica”

El gobierno israelí presenta exactamente la lectura contraria.

Durante la ceremonia por el retorno a Kadim, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, calificó la evacuación de 2005 como un error histórico.

“Veintiún años después del crimen de la expulsión del norte de Samaria, hemos completado la rectificación (…) y hemos regresado al asentamiento de Kadim”, declaró.

Al acto asistieron también autoridades israelíes, entre ellas el presidente de la Knéset, Amir Ohana, y el jefe del Consejo Regional de Samaria, Yossi Dagan. Este último expresó además su aspiración de que los colonos israelíes regresen algún día a Gaza.

El Consejo Regional de Samaria calificó la repoblación como un “hito histórico”.

Las Fuerzas de Defensa de Israel, por su parte, han justificado la construcción de posiciones militares próximas a Yenín en función de “necesidades operativas”.

La expansión modifica el mapa de Cisjordania

El regreso a Kadim se produce en medio de una expansión considerable de la presencia israelí en Cisjordania.

Israel ocupa el territorio desde 1967. Actualmente viven allí más de 500.000 colonos israelíes, además de unos 200.000 en Jerusalén Este, junto a aproximadamente tres millones de palestinos.

Desde finales de 2022, el gobierno israelí ha impulsado la aprobación de más de un centenar de nuevos asentamientos, incluidos 19 en el norte de Cisjordania, de acuerdo con los datos citados en los reportes sobre el proceso.

La expansión civil coincide además con una mayor presencia militar alrededor de Yenín. Junto a los asentamientos se construyen posiciones del ejército, una de ellas sobre terrenos palestinos confiscados próximos al campamento de refugiados.

La gobernación palestina teme que el proceso termine fragmentando territorialmente Yenín y dificultando aún más la circulación de sus habitantes.

Abu al-Rub advierte que la confiscación de tierras alrededor del campamento podría preparar el terreno para una futura presencia de colonos todavía más cerca del centro urbano.

Todos los asentamientos son ilegales según el derecho internacional

La controversia no distingue, desde el punto de vista del derecho internacional, entre asentamientos autorizados o no autorizados por Israel.

La posición sostenida por Naciones Unidas y ampliamente respaldada internacionalmente considera que los asentamientos israelíes establecidos en los territorios palestinos ocupados carecen de validez legal y vulneran el derecho internacional.

Existe, sin embargo, una diferencia dentro del propio sistema israelí: algunos asentamientos cuentan con autorización gubernamental, mientras que otros puestos avanzados fueron establecidos sin cumplir los procedimientos exigidos por la legislación israelí.

Estos últimos son considerados ilegales también conforme al derecho interno de Israel, aunque organizaciones de seguimiento han denunciado que algunos reciben servicios, protección o financiación pública.

La expansión se acelera antes de las elecciones

Hagit Ofran, responsable del programa Settlement Watch de la organización israelí Peace Now, vincula la aceleración de los proyectos en la zona de Yenín con el calendario político israelí y las elecciones legislativas previstas para el 27 de octubre de 2026.

La hipótesis es que el gobierno busca consolidar sobre el terreno el mayor número posible de proyectos antes de los comicios, haciendo más compleja una eventual reversión posterior.

A ello se suma el avance del controvertido proyecto E1, al este de Jerusalén Este, donde Israel abrió licitaciones para 1.234 viviendas.

Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Noruega y Países Bajos calificaron la decisión de “inaceptable”. Naciones Unidas ha reclamado detener la expansión, mientras Egipto advirtió que el proyecto podría profundizar la fragmentación territorial de Cisjordania.

Hasta ahora, sin embargo, las condenas internacionales no se han traducido en medidas capaces de detener las obras sobre el terreno.

Un nuevo escenario alrededor de Yenín

Con la repoblación de Kadim, los cuatro asentamientos evacuados por Israel en 2005 en el norte de Cisjordania vuelven a estar habitados.

Para el gobierno israelí, se trata de corregir una decisión histórica y reforzar su presencia en una zona que considera estratégica. Para las autoridades palestinas y las comunidades afectadas, el proceso significa exactamente lo contrario: nuevas restricciones, pérdida de tierras y una progresiva fragmentación territorial.

“Ahora vivimos en el infierno”, resume el gobernador de Yenín.

Más allá de las posiciones enfrentadas, existe un punto jurídico central: la autorización del gobierno israelí no modifica el estatus de los asentamientos bajo el derecho internacional, que los considera ilegales en los territorios ocupados.