La presidenta reclamó al Legislativo agilizar el análisis del pedido presentado por el Ejecutivo para enfrentar a la criminalidad organizada. El pronunciamiento se produjo durante una rueda de prensa en San Martín.
La presidenta de la República, Keiko Fujimori, pidió al Congreso acelerar el análisis de la solicitud de facultades legislativas presentada por el Poder Ejecutivo para combatir al crimen organizado.
Durante una rueda de prensa con medios locales en San Martín, la mandataria advirtió sobre la necesidad de avanzar con una autorización que todavía no tiene fecha pública de debate. Mientras el Parlamento no adopte una decisión, las cuatro medidas anunciadas por el Gobierno permanecen pendientes de la habilitación correspondiente.
Un pedido todavía sin fecha
La solicitud se encuentra en manos del Congreso de la República. Aunque Fujimori reclamó celeridad, no precisó el plazo solicitado ni detalló todas las materias comprendidas. Al cierre de esta edición, el texto íntegro remitido al Legislativo tampoco había sido difundido públicamente.
Esa falta de información impide establecer por cuánto tiempo pretende el Ejecutivo legislar mediante decretos legislativos y cuál sería el alcance exacto de las atribuciones solicitadas.
La delegación de facultades está contemplada en el artículo 104 de la Constitución Política del Perú. Este mecanismo permite que el Congreso autorice al Ejecutivo a legislar sobre materias específicas y durante un periodo determinado.
Corresponde al propio Parlamento definir tanto el contenido como la vigencia de la autorización. Por ello, el avance del pedido depende de una decisión que todavía no ha sido incorporada públicamente al calendario legislativo.
Cuatro medidas a la espera del Congreso
La solicitud comprende cuatro frentes principales.
El primero plantea una nueva calificación para las organizaciones criminales. “Necesitamos estas facultades para determinar a las organizaciones criminales como grupos hostiles, como grupos terroristas”, afirmó Fujimori.
El segundo se refiere al fortalecimiento del sistema de inteligencia, que, según la presidenta, “desde hace unos años no tiene capacidad operativa”.
El tercero contempla una actuación articulada entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La mandataria sostuvo que ambas instituciones deben intervenir “de manera conjunta” y asumir un mayor control de los establecimientos penitenciarios.
El cuarto apunta a agilizar los procedimientos de expulsión de ciudadanos extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular.
Estas medidas involucran a diferentes sectores del Estado y requerirían cambios normativos de rango legal o una habilitación expresa del Congreso para ser desarrolladas mediante decretos legislativos.
El punto más controvertido
La propuesta de considerar a las organizaciones criminales como grupos hostiles o terroristas podría convertirse en el aspecto más complejo del debate parlamentario.
La medida tendría implicancias en la legislación penal y en las reglas sobre el uso de la fuerza. Asimismo, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna ha generado posiciones divergentes entre especialistas en seguridad y organismos de derechos humanos en discusiones anteriores.
Ambos asuntos podrían prolongar el análisis en las comisiones legislativas y retrasar el calendario que el Ejecutivo busca acelerar.
Las dos rutas posibles
Si el Congreso concede las facultades, el Ejecutivo podrá emitir decretos legislativos únicamente dentro de las materias y del plazo que autorice el Parlamento. Las normas aprobadas mediante este mecanismo estarán sujetas posteriormente a control legislativo.
Si la solicitud es rechazada o limitada, las medidas anunciadas tendrán que tramitarse como proyectos de ley ordinarios. Esa vía exige su evaluación en comisiones y su posterior debate en el pleno, lo que podría ampliar considerablemente los plazos.
El pedido se presenta al inicio del actual periodo de gobierno. Fujimori asumió la Presidencia de la República el 28 de julio de 2026 y colocó la seguridad interna entre los principales ejes de su gestión.
La respuesta del Congreso constituirá, por tanto, una de las primeras definiciones relevantes en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo durante esta nueva etapa política.
Obras paralizadas en San Martín
Durante su visita, la presidenta también se pronunció sobre las obras públicas paralizadas en la región.
Fujimori aseguró que los ministerios correspondientes realizan evaluaciones técnicas para destrabar proyectos y garantizar su financiamiento. Sin embargo, no especificó cuáles son las obras comprendidas ni señaló plazos para su eventual reactivación.
Estado actual
El pedido de facultades legislativas continúa en el Congreso sin una fecha pública de debate.
El Ejecutivo ha planteado cuatro ejes: fortalecer el sistema de inteligencia, articular la actuación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, reforzar el control de los penales y agilizar la expulsión de extranjeros en situación migratoria irregular.
La decisión final sobre las materias autorizadas y el plazo durante el cual el Gobierno podrá legislar corresponderá al Congreso de la República.
