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El Poder Ejecutivo aprobó la Estrategia Priorizada de Acción en Salud Mental para Población Privada de Libertad 2022-202, acción que forma parte de la Política Nacional Penitenciaria al 2030.
Mediante Decreto Supremo Nº 001-2023-JUS publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se establece que dicha estrategia es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades del Estado y los diferentes niveles de gobierno, en cuanto les sea aplicable.
La conducción de este plan está a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos le dará el seguimiento y la evaluación respectiva.
La norma fue refrendada por la presidenta Dina Boluarte y los ministros de Justicia y Derechos Humanos, José Tello y de Salud, Rosa Gutiérrez.
