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Investigaciones contra 3 fiscales anticorrupción corporizan la persecución política.
Autoridad de Control del Ministerio Público confirmó suspensión de fiscal Vela por 8 meses y 15 días
En la tarde del viernes 24 de noviembre, la Autoridad de Control (AC) del Ministerio Público confirmó la suspensión de ocho meses y 15 días impuesta al fiscal coordinador del caso Lava Jato, Rafael Ernesto Vela Barba (50), en lo que se considera la crónica de una muerte política anunciada.
Vela Barba tendrá que dejar la coordinación de la Fiscalía de Lavado de Activos y el equipo especial Lava Jato, mientras la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas (54) baraja nombres y define su reemplazo en ambos cargos.
El fiscal anticorrupción fue suspendido de sus funciones el 5 de octubre último por haber cuestionado en el 2020 la decisión del Poder Judicial de excarcelar a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Sofía Fujimori Higuchi (48), luego de tres meses de encierro en el penal de mujeres de Chorrillos por el caso Odebrecht.
Pero en realidad la suerte del fiscal había quedado echada poco después de las 9:00 de la mañana del miércoles 22 de noviembre, cuando la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público impidió el acceso de una turbamulta mediática a la audiencia final del caso.
El mismo fiscal acusado de falta grave denunció que la Autoridad Nacional de Control dispuso apenas de 10 minutos para que realice sus descargos en torno a ese espinoso tema que amenazaba con echar por tierra los avances en el trabajo anticorrupción dispuesto contra ex presidentes como Alejandro Celestino Toledo Manrique (77) y su parentela.
Cuando el fiscal Vela solicitó a ese organismo la presencia de la prensa en aquella espinosa audiencia, la fiscal Giuliana Ortiz Zavaleta se limitó a decir: ‘Nosotros no mediatizamos los casos’.
El proceso contra Vela Barba atiza las acusaciones de una persecución política, pues en días pasados el también fiscal Lava Jato, José Domingo Pérez Gómez (46), empezó a ser investigado por haber cuestionado la gestión de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides y del jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público (ANC), Juan Fernández Jerí.
Además, la fiscal coordinadora del Equipo Especial contra la Corrupción, Marita Barreto, encargada de ver los casos de las víctimas de las protestas contra Dina Boluarte, por ejemplo, afronta un procedimiento disciplinario en medio del cual fue enviada inopinadamente a Colombia del 28 de noviembre al 1 de diciembre próximo.
En su reemplazo, asumirá funciones la coordinadora de la Fiscalía Superior de Derechos Humanos, Marena Mendoza.
