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Tres magistrados denunciaron ante la CIDH una supuesta amenaza a la independencia de sus funciones a raíz de una denuncia constitucional
Tres magistrados del Tribunal Constitucional (TC) denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una presunta amenaza a la independencia de sus funciones por parte del Congreso por el Caso El Frontón.
En una audiencia pública de la CIDH realizada el último lunes en Montevideo, Uruguay, los magistrados Marianella Ledesma, Eloy Espinoza y Carlos Ramos sostuvieron que la independencia del Tribunal Constitucional “viene siendo afectada por las presiones externas que se derivan de un pedido de acusación constitucional presentado por 11 ex miembros de la Marina de Guerra”.
Cabe anotar que el 25 de abril un grupo de ex marinos presentó una acusación constitucional contra los tres citados magistrados a raíz de una resolución en la que dejaron sin efecto el enunciado de una sentencia del TC de 2013, en la que se decía que los hechos ocurridos durante un motín en el penal de El Frontón, en 1986, no constituyen delitos de lesa humanidad.
Esa acusación por presuntamente haber violado el precepto constitucional de la inmutabilidad de la cosa juzgada, fue admitida en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso y se encuentra en trámite.
Ledesma, quien ex vicepresidenta del TC, dijo en Montevideo que esa acusación “no solo tiene como objetivo final destituirnos sino amedrentarnos ante las decisiones que a futuro tengamos que tomar y se convierte en un instrumento de represalia por el contenido de nuestras decisiones”.
Recordó que en 1996 el Congreso, mayoritariamente fujimorista, destituyó a tres magistrados del TC y advirtió que esta situación podría volver a repetirse.
“Existe una alta probabilidad de que la permanencia de nuestros cargos está en riesgo y mientras tanto se viene usando el mecanismo de la acusación constitucional como medio de amedrentamiento a nuestra independencia cada vez que tenemos que resolver casos vinculados con el grupo mayoritario del Congreso”, aseguró la magistrada.
En tanto que Eloy Espinoza pidió a la CIDH que exprese su preocupación por lo que está pasando en el Perú sobre esta supuesta amenaza al TC y también que solicite información del seguimiento del Caso El Frontón, cuyo proceso penal se está viendo en la justicia ordinaria.
-Observaciones a la denuncia-
Iván Bazán, procurador adjunto de la Procuraduría Supranacional, también presente en la audiencia, hizo algunas observaciones al planteamiento de los magistrados del Tribunal Constitucional.
Bazán explicó que el contexto del país y la composición del Congreso de 1997, en que se destituyó a magistrados del TC, son diferentes a la situación del Perú de 2017 y a la composición del actual Parlamento.
El procurador, igualmente, sostuvo que el procedimiento de la acusación constitucional contra los miembros del TC recién está en la fase inicial. “Decir que este hecho es un riesgo a la estabilidad y permanencia de los magistrados puede ser un balance prematuro. No todas las denuncias terminan en destituciones. Sería prematuro calificar de amenaza un procedimiento en fase inicial”, recalcó.
