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El gobierno argentino entró en contradicciones al ser obligado a dar marcha atrás en un conjunto de proyectos que fueron criticados y repudiados por amplios sectores sociales.
Una de las medidas más polémicas fue el alza de tarifas que el gobierno tuvo que corregir, ya que diseñó un esquema que no tomó en cuenta el impacto que iba a tener en la ciudadanía ni midió la reacción social que provocaría.
Uno de los casos más graves fue el aumento de hasta dos mil por ciento en el servicio de gas que hubo en varias provincias de la Patagonia, una región en la que este servicio es crucial por las bajas temperaturas que enfrenta a lo largo del año.
Después de las protestas de los gobernadores y de marchas ciudadanas, el incremento fue de "sólo" un 400 por ciento, lo que sigue siendo inviable para la mayoría de la población.
El aumento en el precio de servicios, mejor conocido como "el tarifazo", dio lugar a escenas surrealistas, ya que con su primer plan el gobierno dejó al borde de la extinción a los clubes de barrio que no pueden hacer frente a este gasto porque son entidades que apenas si sobreviven con las cuotas de los socios.
Sin embargo, cuando se vio forzado a rediseñar las tarifas, Macri encabezó un acto en un club social para anunciar que les darían subsidios especiales, decisión que tenía que haber sido previa y no posterior a los aumentos.
Otra decisión ampliamente criticada fue el proyecto de blanqueo de capitales que el presidente envió al Congreso y que contemplaba penas de dos años de cárcel y multas para los periodistas que revelaran nombres y montos de las personas que declararan o repatriaran el dinero que tienen en cuentas en el exterior.
El gobierno tuvo que eliminar este artículo después de que incluso la prensa oficialista criticara un plan que afectaba la libertad de expresión y el derecho a la información.
