MENU
Las denuncias de corrupción en Colombia salieron esta semana del caso Odebrecht y salpicaron al sector educativo. La Contraloría General denunció que millonarios recursos destinados a proyectos de ciencia y tecnología en las regiones del país han sido desviados para otros fines, que incluyen un spa y un asadero de pollos, entre otros.
La denuncia la hizo el contralor general Edgardo Maya, durante la presentación de un informe que asegura que el “desempeño del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación” de Colombia “revela riesgos, inversiones poco pertinentes y problemas de eficiencia”.
La Constitución de Colombia prevé que el 10% de las regalías que deja la explotación de los recursos naturales no renovables se destine a un Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que a su vez pertenece al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación del país, llamado Colciencias y que depende directamente de la Presidencia de la República.
El Fondo debe, con ese dinero, financiar proyectos que promuevan la ciencia, la tecnología y la innovación en los 32 departamentos del país, incluidos los más aislados.
Según el Contralor, los “recursos de regalías destinados al desarrollo científico y tecnológico de las regiones del país, que entre 2012 y 2016 ascienden a 3,8 billones de pesos colombianos [unos 1.250 millones de dólares], no se están invirtiendo totalmente en tal fin, mientras académicos e investigadores quedan subordinados a los actores políticos que deciden esta clase de gastos y a los contratistas muchas veces poco idóneos que ejecutan los proyectos”.
El informe de la Contraloría se centró en una “auditoría de desempeño” que hizo a 33 proyectos de ciencia y tecnología en varios departamentos del país, en los que afirma haber encontrado “diversas situaciones irregulares”.
Uno de los ejemplos es un proyecto en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país, que por 16.000 millones de pesos (5,4 millones de dólares) buscaba “fortalecer capacidades tecnológicas y competir en el mercado global, con actividades de formación en estudios de posgrado a empresas de emprendimiento con componentes de innovación o tecnología”. El problema, denuncia la Contraloría, es que parte de esos “recursos también se destinaron a establecimientos que no cuentan con dichas características, como un asadero de pollos y un spa”.
Otro caso que llamó la atención de la Contraloría se dio en el departamento de Vichada, en el oriente del país y fronterizo con Venezuela, donde se aprobó un “proyecto para construir un centro de formación e investigación en energías renovables”, por 32.900 millones de pesos (11,2 millones de dólares).
Para llevarlo a cabo, la Gobernación firmó un contrato con un “consorcio integrado por dos empresas de construcciones, cuya experiencia en los objetivos del proyecto no pudo ser constatada”. La consecuencia más grave es que no se construyeron celdas solares, necesarias para el proyecto, sino “una biblioteca, un auditorio y un conjunto habitacional”.
La Contraloría está segura de que buena parte de esos problemas se deben a que “el manejo de los recursos depende primordialmente de las decisiones de los gobernadores de los departamentos, quienes generalmente tienen intereses diferentes a los que exige el desarrollo científico e incluso el desarrollo regional”.
