Reino Unido, Francia y Canadá anunciaron restricciones concretas, mientras otros nueve Estados respaldaron medidas nacionales o europeas frente a la expansión de las colonias y la violencia de los colonos en Cisjordania.
Doce países occidentales acordaron el martes 8 de septiembre restringir el comercio con los asentamientos israelíes en la Cisjordania ocupada. Se trata de la acción coordinada de mayor alcance adoptada hasta ahora por aliados tradicionales de Israel contra la expansión de las colonias y el aumento de la violencia de los colonos.
Reino Unido, Francia y Canadá anunciaron prohibiciones específicas a la importación de productos procedentes de los asentamientos. Otros nueve Estados suscribieron una carta conjunta en la que se comprometieron a adoptar medidas nacionales equivalentes o respaldar restricciones en el ámbito europeo.
Israel calificó la iniciativa como una injerencia en sus asuntos internos y respondió con represalias diplomáticas dirigidas principalmente contra Londres.
Tres prohibiciones y nueve compromisos
El eje de la iniciativa quedó plasmado en una declaración conjunta del primer ministro británico, Andy Burnham; el presidente francés, Emmanuel Macron; y el primer ministro canadiense, Mark Carney.
Los tres mandatarios sostuvieron que la expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos en Cisjordania representan una amenaza directa y urgente para la solución de dos Estados. Asimismo, afirmaron que había llegado el momento de adoptar nuevas acciones antes de que esa salida se vuelva inviable.
Los tres gobiernos anunciaron que avanzarán hacia la prohibición de bienes producidos en las colonias y aplicarán medidas específicas contra quienes promuevan o financien su expansión.
Según explicó ante la Cámara de los Comunes el ministro británico de Relaciones Exteriores, Ed Miliband, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Polonia, Portugal y Suecia se comprometieron a respaldar nuevas acciones. Países Bajos, Irlanda, Bélgica, España y Noruega ya han prohibido esos productos o se encuentran en proceso de hacerlo. Francia, además, impulsa una restricción para toda la Unión Europea.
El bloque, sin embargo, no aplicará un mecanismo único. La iniciativa reúne prohibiciones ya vigentes, normas todavía en trámite y compromisos políticos que aún deberán convertirse en legislación. Esa diversidad marca la amplitud del acuerdo, pero también plantea dudas sobre su aplicación efectiva.
La zona E1 y la violencia de los colonos
La decisión responde principalmente a dos factores. El primero es el proyecto israelí para construir alrededor de 1.200 viviendas en la denominada zona E1, un corredor estratégico situado al este de Jerusalén y próximo al asentamiento de Maale Adumim.
Israel había evitado durante décadas urbanizar esa área debido a la presión internacional. Miliband advirtió que el proyecto atravesaría el corazón del futuro Estado palestino y haría inviable la solución de dos Estados. El plan ha provocado una amplia condena internacional.
El segundo factor es el incremento sostenido de los ataques de colonos israelíes contra palestinos y sus propiedades en Cisjordania desde el inicio de la guerra en Gaza, en octubre de 2023.
Los asentamientos son considerados ilegales por el derecho internacional. De acuerdo con estimaciones ampliamente citadas, Israel ha construido cerca de 160 colonias en Cisjordania y Jerusalén Este desde la ocupación de esos territorios en la guerra de 1967. En ellas viven unos 700.000 israelíes judíos, frente a aproximadamente 3,3 millones de palestinos.
Reino Unido presenta el paquete más amplio
La propuesta británica es, hasta el momento, la más detallada de las tres. Miliband anunció que Reino Unido prohibirá la importación de todos los bienes producidos en los asentamientos e impedirá que empresas británicas les presten servicios.
La restricción abarcará actividades de financiación, construcción, infraestructura, bienes raíces y publicidad. El nuevo régimen de sanciones contemplará excepciones por motivos religiosos.
“No creo que el pueblo británico quiera que apoyemos la ocupación aceptando productos de los asentamientos en nuestras tiendas y supermercados”, declaró el canciller ante el Parlamento.
El anuncio tuvo también un alcance político mayor. Miliband señaló que Londres considera ilegal no solo la construcción de asentamientos, sino la ocupación israelí en su conjunto, debido al afianzamiento del control territorial, la intención de extender permanentemente la soberanía y lo que describió como una agenda expansionista.
El ministro afirmó, además, que el Gobierno británico coincide con las denuncias de una “limpieza étnica” de palestinos en algunas zonas de Cisjordania, atribuida a “colonos terroristas”. También acusó al Ejecutivo israelí de haber tolerado esos hechos.
El paquete incluyó un endurecimiento del embargo de armas, nuevas sanciones contra Hezbolá y la reimposición de medidas contra Irán, en línea con la Unión Europea y Estados Unidos.
Pese a la dureza de las medidas, Miliband buscó diferenciar al Gobierno israelí de su población. “Nuestra discrepancia no es con el pueblo de Israel, con el que Reino Unido tiene vínculos inquebrantables; nuestra discrepancia es con la conducta de su gobierno”, sostuvo.
Reino Unido reconoció formalmente al Estado palestino en 2025 y, en junio de 2026, ya había sancionado a redes vinculadas con el financiamiento de la violencia de los colonos.
Israel concentra sus represalias en Londres
Aunque la iniciativa involucra a doce países, Israel dirigió su primera respuesta contra el Gobierno británico.
El ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, anunció —con el respaldo del primer ministro Benjamin Netanyahu— el cierre del consulado británico en Jerusalén Este. Esa sede gestiona las relaciones con la Autoridad Palestina y los asuntos vinculados con Cisjordania y Gaza, y funciona de manera separada de la embajada británica en Tel Aviv.
Israel también ordenó la expulsión de los representantes británicos del centro de coordinación de Kiryat Gat, relacionado con la misión sobre Gaza, y puso fin al entrenamiento británico de las fuerzas de seguridad palestinas.
Saar calificó de “mentiras escandalosas” las acusaciones pronunciadas por Miliband ante el Parlamento. Afirmó que la decisión británica era “moralmente distorsionada” y constituía una injerencia flagrante en los asuntos de un Estado soberano y en su proceso electoral, en referencia a los comicios israelíes de octubre.
El canciller advirtió, además, que su Gobierno adoptará nuevas represalias según su propio criterio.
Israel prohibió también el ingreso de once parlamentarios británicos, entre ellos Jeremy Corbyn, Diane Abbott y John McDonnell, así como cinco diputados del Partido Verde. La medida alcanzó igualmente al abogado Fahad Ansari. Las autoridades israelíes los acusaron de realizar actividades “antisemitas y antiisraelíes”.
El miércoles 9, Reuters informó, citando a dos funcionarios israelíes y dos fuentes conocedoras del asunto, que Israel había otorgado a Londres un plazo de 30 días para cerrar el consulado. Cumplido ese periodo, sus funcionarios perderían el estatus diplomático.
El presidente israelí, Isaac Herzog, describió la prohibición como “un grave error de cálculo” y aseguró que la decisión quedaría “del lado equivocado de la historia”.
Miliband respondió a la BBC que lamentaba la reacción, aunque no le sorprendía. Explicó que el Gobierno había evaluado los costos y beneficios y concluyó que no podía permanecer de brazos cruzados.
Hasta el cierre de esta edición, Israel no había anunciado represalias equivalentes contra Francia, Canadá ni los demás países participantes.
Estados Unidos se mantiene al margen
La ausencia más significativa del bloque es la de Estados Unidos. El secretario de Estado, Marco Rubio, descartó que Washington adopte una medida similar, aunque evitó condenar directamente la iniciativa.
“Evidentemente, no vamos a hacer lo que hizo Reino Unido”, declaró. Añadió que Estados Unidos comparte el objetivo de preservar la estabilidad y evitar un nuevo aumento de la violencia en Cisjordania, en un momento especialmente delicado para la región.
Rubio advirtió que la decisión podría afectar los esfuerzos relacionados con Gaza, el denominado plan de 20 puntos y la Junta de Paz.
Axios y The Times of Israel informaron, citando a un funcionario occidental, que Burnham comunicó previamente por teléfono al presidente Donald Trump los planes británicos. Según esa versión, Trump no pidió que fueran aplazados y tampoco se pronunció públicamente después del anuncio.
El embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, sí expresó su rechazo. En declaraciones a la BBC, calificó la decisión como una discriminación contra el pueblo judío y una acción irracional. También advirtió sobre posibles repercusiones, incluida la posibilidad de que algunos estados estadounidenses restrinjan el comercio con empresas británicas.
La Casa Blanca indicó posteriormente a Axios que las declaraciones del embajador no habían sido coordinadas con el Ejecutivo ni con el Departamento de Estado.
En Medio Oriente, Omán y Qatar, ambos aliados de Washington, saludaron la decisión.
Apoyos, críticas y dudas sobre su impacto
Human Rights Watch consideró la prohibición como un cambio positivo y largamente esperado. La organización sostuvo que, durante demasiado tiempo, los gobiernos habían respondido a las violaciones del derecho internacional con declaraciones, pero con pocas acciones concretas.
ActionAid UK calificó la medida como bienvenida y significativa, aunque tardía. La presidencia palestina también expresó su respaldo.
Las principales críticas surgieron de organizaciones de la comunidad judía británica y de la oposición conservadora. El rabino jefe del Reino Unido, Ephraim Mirvis, habló de “un día oscuro para los judíos británicos”. El Consejo de Liderazgo Judío consideró la decisión “profundamente irresponsable”.
Tom Tugendhat, portavoz conservador de Exteriores, advirtió que convertir a Israel en un Estado paria podría alimentar divisiones sectarias dentro del Reino Unido.
También aparecieron reparos dentro del Partido Laborista. Algunos parlamentarios temen que las sanciones terminen fortaleciendo políticamente a Netanyahu antes de las elecciones israelíes.
Bloomberg informó que diplomáticos británicos habrían comunicado en privado a sus pares estadounidenses que las medidas eran, en gran parte, simbólicas. El Gobierno británico no confirmó esa versión. Funcionarios del Foreign Office insistieron en que el paquete no constituye un boicot general contra Israel.
Una decisión pendiente de aplicación
El compromiso político deberá ahora transformarse en normas concretas. Aún falta definir la redacción y la entrada en vigor del régimen británico, así como el alcance de sus excepciones religiosas.
También están pendientes los detalles de las prohibiciones anunciadas por Francia y Canadá, el resultado de la propuesta francesa para extender el veto a toda la Unión Europea y la conversión en leyes nacionales de los compromisos asumidos por los países que prometieron apoyar nuevas acciones.
En paralelo, avanza el plazo de 30 días impuesto por Israel para el cierre del consulado británico en Jerusalén Este.
La iniciativa abre un nuevo frente de presión sobre Israel. Por primera vez, un grupo coordinado de países occidentales vincula de forma directa sus relaciones comerciales con la política de asentamientos, mientras Estados Unidos se mantiene fuera del bloque sin condenarlo abiertamente.
El impacto real de la medida dependerá de la rapidez y el alcance con que cada gobierno la implemente, así como de la posibilidad de que otros países europeos se sumen al veto promovido por Francia.
