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Empresa de PPK aportó 100 mil dólares a su propia campaña del 2011, pero no figura en registro de ONPE
También hay un depósito de US$ 50 mil a María Vallejos, quien ahora labora en la comisión Lava Jato.
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregado a la comisión Lava Jato del Congreso, el cual se filtró a los medios, ha traído más de una sorpresa. Una de ellas es la transferencia por un total de US$ 100 mil desde Westfield Capital, empresa unipersonal del presidente Pedro Pablo Kuczynski, hacia una cuenta de la agrupación política que lideró.
La Nota de Inteligencia Financiera Nº 167-2017-DAO-UIF-SBS señala que entre el 11 y el 17 de marzo de 2011, Westfield Capital realizó dos transferencias de US$ 50 mil cada una, desde su cuenta en el Wachovia Bank de Estados Unidos, hacia una cuenta de BBVA perteneciente a Alianza por el Gran Cambio.
Pero no es todo. Según el documento de la UIF, dichos montos no se encuentran registrados en los aportes que figuran en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a dicha alianza política.
Recordemos que Alianza por el Gran Cambio declaró que recibió aportes por un total de S/ 686,330.00 durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2010 y el 31 de enero de 2011.
Pero, el último reporte de la ONPE indicó que dicha agrupación había recibido contribuciones en efectivo y sin utilizar cuentas bancarias. En ese entonces, el tesorero sostuvo que “no se ha abierto cuenta bancaria debido a la ausencia de RUC”.
Entonces, ¿cuándo abrieron la cuenta a la que Westfield transfirió US$ 100 mil? En aquella ocasión, se dijo que la mayor parte de los ingresos de Alianza por el Gran Cambio provenían del aporte de su candidato, Pedro Pablo Kuczynski. Lo que faltó decir es que Westfield les transfirió casi la mitad del aporte total declarado.
Otro detalle a tener en cuenta es que en las elecciones presidenciales de 2011, el tope para los aportes a las campañas era de 60 UIT, que equivalía a S/ 231,000.00, casi S/ 100,000.00 menos de lo que aportó Westfield.
Otro hecho que causa extrañeza es el depósito de US$ 50 mil desde esa misma cuenta [Westfield Capital] a María Vallejos López, quien actualmente laboraría en la comisión que investiga el caso Lava Jato en el Congreso.
De acuerdo al informe de la UIF, la transferencia se hizo desde la cuenta de la empresa Westfield Capital a una cuenta del BCP perteneciente al 17 de marzo de 2011, el mismo día que se realizó la segunda transferencia a la agrupación Alianza por el Gran Cambio.
El documento también señala que María Vallejos retiró los fondos recibidos a los dos días siguientes de haber recibido el depósito. El 18 de marzo de 2011 realizó cinco retiros –2 por US$ 10 mil y 3 por US$ 5 mil– y al día siguiente dos más: uno por US$ 10 mil y otro por US$ 3 mil.
Vallejos López trabaja en el Congreso desde el 1 de septiembre de 2011 y participó como técnica en el “Módulo de Apoyo al Trabajo de la Organización Parlamentaria”, con un sueldo de S/ 3,790.
Asimismo, la trabajadora del Parlamento nacional no está registrada en ninguna de las listas de aportantes de los partidos políticos que se entregaron a la ONPE.
En un comunicado de Palacio de Gobierno a inicios de marzo, PPK se refirió a las diversas transferencias realizadas entre sus cuentas personales con las de Westfield Capital y First Capital, así como los pagos realizados a su chofer, pero no hace ninguna mención respecto a la transferencia a María Vallejos ni al aporte de US$ 100 mil a la alianza política que lideró en el 2011.
La exprocuradora Katherine Ampuero señaló al diario Expreso que uno de los mayores peligros que no se abra una investigación al presidente Pedro Pablo Kuczynski es que los delitos que podrían imputársele prescribirán.
“Hablamos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, exactamente los mismos que se le imputan al expresidente Alejandro Toledo. En el caso de colusión, son máximo 15 años. Si se tratan de hechos de 2003, como las asesorías de Hunt Oil, estaríamos a punto de la prescripción”, señaló.
De acuerdo con Ampuero, el informe emitido por la UIF es lo suficientemente contundente para iniciar una investigación personalizada contra el mandatario y su exsocio Gerardo Sepúlveda, así como a las empresas Westfield Capital y First Capital.
“Mientras no se precise que Kuczynski y Sepúlveda tienen la calidad de investigados no puedes pedir el levantamiento de su secreto bancario o bursátil, básico para este tipo de investigaciones; no podrías, eventualmente, solicitar un impedimento de salida del país; y, lo más importante, no interrumpes el plazo de prescripción. ¿Esperan que prescriba para que abran una investigación?”, preguntó.
“Si se formalizara una investigación, Sepúlveda se vería en la imperiosa necesidad de someterse a un proceso de colaboración eficaz, tal como lo hizo en su momento Josef Maiman”, indicó.
Para Ampuero, las transferencias bancarias entre Odebrecht, First Capital y Westfield Capital son la comprobación que Sepúlveda sólo fue el testaferro del mandatario, ya que éste sabía que no podía recibir el pago de las asesorías directamente por ocupar cargos públicos.
