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Mafia con galones canibaliza armamento del Ejército desde hace años.

Fiscalía Suprema Militar recién investiga robo de 111 fusiles Galil detectado en el Ejército en el 2021

El miércoles 21 de febrero, la Fiscalía Suprema Militar Policial dio a conocer que había iniciado una investigación preliminar ante la Vocalía Suprema contra los que resulten responsables de los delitos de desobediencia y afectación a la defensa nacional, en agravio del Estado y el Ejército del Perú, por el robo de accesorios a 111 fusiles Galil Cal 5.56 mm.

‘La Fiscalía Suprema Militar Policial, con Disposición Fiscal N°026-2024-FMP-FSVS/1, dispuso la realización de las diligencias de ley, entre ellas, tomar las medidas de aseguramiento de los 111 fusiles materia de investigación, a fin de que puedan ser sometidos a las pericias pertinentes por parte de personal especializado en armamento de guerra’, se informó.

La Fiscalía Militar Policial N°06-Lima se inhibió del caso mediante Disposición Fiscal N°001-2024/FMP N°6/TSMPC, por no ser competente para investigar a oficiales del grado de generales y coroneles, elevando el caso a la Fiscalía Suprema Militar Policial, para que proceda según sus atribuciones.

El 12 de febrero del 2024, en medio de la polvareda que había levantado el hecho, la Dirección de Información del Ejército (Dinfe) emitido el Comunicado N° 004-2024/EP, en el que informó lo siguiente:

‘Sobre la falta de diversos componentes y accesorios de 111 fusiles Galil Cal 5.56 mm, se precisa que este hecho es en virtud a lo detectado en el relevo entre dos (02) Comandantes de Unidad correspondiente al año 2021 y sobre el cual se tomaron las acciones administrativas y disciplinarias que dicta la norma’. 

La depredación, en realidad, había sido descubierta el 11 de enero del 2021, cuando el entonces comandante EP Zanoni Durand ingresó como jefe del Batallón de Material de Guerra N° 512, en reemplazo del comandante EP Ricardo Jaramillo, quien había entregado el cargo sin avisar que las armas de fuego no tenían sus piezas originales, pues habían sido reemplazado por maquetas.

Esto fue notificado al general de Brigada Mario Chávez Cresta, hermano del entonces ministro de Defensa, Jorge Luis Chávez Cresta (62), quien simplemente ordenó sancionar al comandante Jaramillo con 8 días de arresto simple, una pena que luego fue reducida.

El 5 de noviembre de 2021, 10 meses después de que el hecho fuera puesto sobre el tapete, el general EP Mario Chávez Cresta solicitó que se cumplaiera con dar de baja el armamento mediante el método de destrucción, sin tomar en cuenta que estaba eliminando la evidencia del crimen. 

El general EP Víctor Huertas, Subinspector del Ejército, informó que aquella medida, que habría librado de polvo y paja a los implicados, no se concretó.

El 17 de enero del 2024, tres años después de que se descubriera el hecho, el Ejército denunció ante el Fuero Militar la canibalización de este armamento, incluyendo en la denuncia al oficial de apellido Durando, quien fue el que se percató de lo sucedido y notificó a sus superiores.

Pero el robo de fusiles en el Ejército peruano viene de atrás. En enero del 2016, el ministro de Defensa de Ollanta Moisés Humala Tasso (61), Jakke Valakivi Álvarez (60), informó públicamente que habían sido identificados los responsables del robo de un lote de 18 fusiles de guerra marca Galil, de origen israelí, que desapareció de los almacenes del Batallón de Material de Guerra Nº 115, ubicado en la zona de Zungarococha, cerca de Iquitos.

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