MANO DE ODEBRECHT EN SUNAT

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Dos investigaciones señalan que Luis Vera Castillo permitió que empresa brasileña no pague cientos de millones de soles en impuestos, pero ahora el MEF lo ratifica

En medio de la desesperación de millones de peruanos, el gobierno acaba de oficializar a un polémico personaje, sindicado por ayudar irregularmente a Odebrecht con millones de dólares en impuestos no cobrados, como jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria y Aduanas, la poderosa Sunat.

Nos referimos a Luis Vera Castillo, quien fue superintendente nacional adjunto de Tributos Internos. Es decir, era la autoridad que veía directamente el cobro a grandes empresas que no cumplían sus obligaciones con el Estado.

El 10 de marzo pasado, Claudia Suárez dejaba el preciado puesto del organismo económico más intrusivo en la vida comercial, por parte de la ministra de Economía, María Antonieta Alva.

Suárez salía porque se había descubierto que se había enfrentado al promocionado equipo especial Lavajato. Una queja había salido del organismo recaudador, hacia el fiscal Rafael Vela Barba, respecto a cómo José Domingo Pérez decidió archivar una denuncia de no pago de 1000 millones de soles de Odebrecht, en deudas tributarias.

Entonces fue reemplazada, entonces interina y ahora permanentemente, por Vera Castillo, quien aparece en el informe en minoría de la comisión investigadora del Congreso, elaborado por el representante de Frente Amplio, Humberto Morales Ramírez.

“3.7. La actuación de funcionarios de SUNAT en la facilitación de actividades fraudulentas de Odebrecht y sus consorciadas en Perú. Las recientes revelaciones de Marcelo Odebrecht, quien ha declarado sobre el presunto pago a candidatos a la Presidencia del Perú y al Congreso de la República ya mencionados, así como muestras de las transferencias hechas hacia la empresa Construmaq S.A.C., cuyos apoderados, según la ficha RUC de SUNAT, son el señor Gonzalo Monteverde Bussalleu y la señora María Carmona Bernasconi”, se lee en una parte del documento.

GATO DEL DESPENSERO

La Federación Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Sunat había denunciado que los delincuentes brasileños se habían aprovechado de la Operación denominada RUC Sensible utilizándose como una pantalla de protección a lobbistas en los años noventa.

Esto se ve plasmado en las conclusiones 67, 68 y 69 del informe del excongresista Morales, basándose en una investigación anterior de Delitos Económicos Financieros.

“Ausencia de Fiscalizaciones o auditorias, oportunas, de los Estados Financieros (EEFF) presentados por ODEBRECHT y sus consorciadas ante la Administración Tributaria, ni la investigación de la fehaciencia de las operaciones comerciales efectuadas entre ellas, desde el año 2005 hasta el año 2015”, se lee.

Esta inacción permitió la prescripción de las deudas de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C., correspondientes a 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Este tiempo coincide con el incremento de la adjudicación de obras, de adendas y la emisión de decretos de urgencia a su favor. Los gobiernos en los cuales sucedió esto fueron los del ahora prófugo Alejandro Toledo, el suicida Alan García y el investigado Ollanta Humala.

En una sesión de la Comisión Lavajato del Parlamento, durante el 2017, el entonces jefe de la Sunat, Víctor Paul Shiguiyama Kobashigawa, reconoció que el ente recaudador recién empezó a fiscalizar los ejercicios económicos de las obras conseguidas a través de sobornos, desde diciembre del 2016.

Solo desde el 2017, los brasileños tenían que pagar multas por más de 1300 millones de soles, pero judicializaron alrededor de mil millones, mientras unos 470 millones eran postergados excusándose en sus problemas financieros, generados por ellos mismos con sus prácticas corruptas.

Sin embargo, cuando el caso había estallado en Estados Unidos a mediados del 2015, la prima de Nadine Heredia que conducía la Sunat, Tania Quispe Mansilla, peculiarmente “olvidaron” el inicio de fiscalizaciones o auditorías a los estados financieros. Ni Odebrecht, ni OAS, ni Andrade Gutiérrez, ni Queiroz Galvao, tuvieron que rendir cuentas.

IMPUNIDAD TRIBUTARIA

En esta gestión estuvieron Walter Mora Insúa, como superintendente nacional adjunto de Tributos Internos, y el protagonista de este informe: Luis Vera Castillo, en esos años intendente de Contribuyentes Nacionales (IPCN).

De acuerdo al tributarista José Verona, la Sunat tiene responsabilidad por evasión tributaria por no verificar estados financieros. Debido a que no detectaron en su momento la evasión de tributos entre el 2011 y el 2015, por parte de estos consorcios, tuvieron carta libre para contabilizar los sobornos como “Riesgos Adicionales”.

“Contablemente, esa cuenta no existe en las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) ni para las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). La Sunat debió darse cuenta de esta argucia legal y proceder a sancionar. Si no lo hizo, que pasó en ese entonces, hubo una inacción monumental”, señaló.

Mientras que el ente recaudador fiscalizaba y acosaba a miles de pequeñas y medianas empresas, incluyendo las queridas bodegas de barrio, Vera Castillo miraba a otro lado respecto al dinero que llegaba y salía de Odebrecht.

Para colmo la Sunat no accedió luego a los libros contables de los brasileños ni de sus consorciadas. Jorge Barata Simoes, el hombre orquesta de la corrupción lavajatista en el Perú, admitió que “cada cheque, factura y operación era verificada por la SUNAT” para evitar ser denunciados por delito de defraudación tributaria.

Los brasileros habrían sido amos y reyes del organismo que depende del MEF, ya que el exejecutivo Jorge Barata reconoció que funcionarios del ente recaudador auditaban y revisaban facturas en las oficinas de su empresa.

“La Sunat funcionaba dentro del edificio de Odebrecht y ellos operaban desde el Perú para toda Latinoamérica”, denunció el entonces congresista Juan Pari.

A lo largo de estos favorecimientos a los brasileños se repetía el nombre de Vera Castillo en puestos claves: Intendente de Principales Contribuyentes Nacionales entonces, y luego Superintendente Nacional Adjunto de Tributos Internos (SNATI).

Todas las empresas pertenecientes al directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales (IPCN) siempre eran fiscalizadas al máximo, pero las implicadas en Lavajato eran privilegiadas, inclusive hasta luego de destaparse como quisieron hacer maniobras corruptas en Estados Unidos, el 2015.

Si bien el informe en minoría de la investigación parlamentaria está en poder de los fiscales, no se tiene noticia de que Vera Castillo haya sido citado para responder por estos hechos, y menos aún que haya sido incluido entre los investigados.

¿Será coincidencia que este funcionario cuente con todo el apoyo de la ministra María Antonieta Alva, quien aprobó el pago de 524 millones de soles a Odebrecht, y que los fiscales que aprobaron este pago no lo fiscalicen como sí hacen con otros personajes?

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