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Frente a la marcha apologista pro terrorismo convocada y desarrollada hace dos días por el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), urge que el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski asuma una posición oportuna, clara y frontal ante este tipo de manifestaciones. Es increíble que actos provocadores de este tipo, que tienen la finalidad de mantener vivo el recuerdo del terror en las mentes de la ciudadanía, se desarrollen con total libertad por el centro de la capital sin que ninguna autoridad reaccione a impedirlo.
Manifestaciones de este tipo son una ofensa a la memoria de las miles de víctimas de la demencia terrorista en el Perú. Y son una afrenta a nuestros héroes militares, policiales y civiles que se inmolaron en la lucha contra el terror de Sendero Luminoso y el MRTA. Sin duda la marcha se puede calificar como un atentado contra la democracia. Y el colmo de los colmos es que ni siquiera tenía autorización sino que se había incluido en una marcha por el día del trabajo.
Apología
Defender unas ideas o enaltecerlas no tiene ninguna valoración negativa ni problemática. Sin embargo, si esas ideas están relacionadas con el terrorismo existe un problema legal, pues el terrorismo es una actividad delictiva.
El terrorismo es, como su nombre indica, imponer el terror a través de una acción violenta. Como es lógico está perseguido por la ley y es socialmente rechazado por la inmensa mayoría de la población. Sin embargo, la apología del terrorismo implica una contradicción entre dos conceptos: existe la libertad de expresión, aunque en el contexto del terror dicha libertad puede ser castigada por la ley.
Se podría afirmar que la apología del terrorismo es la excepción de la libertad de expresión. Cualquier idea se puede defender en un país democrático, no importando su significado ni ningún otro aspecto. Ante esta norma general, hay una excepción: todo vale menos la defensa de unas ideas que justifiquen o pretendan alentar una acción terrorista.
El conflicto entre la libertad de expresión y su limitación se ha puesto de manifiesto en aquellos países donde existe el fenómeno terrorista en mayor o menor medida (España, Colombia y con anterioridad en otras naciones de Latinoamérica). En este tipo de contextos, suele haber organizaciones políticas que no cometen un delito de terrorismo explícito (no se manchan las manos de sangre), pero con sus palabras y discursos pretenden alentar o justificar la acción de algún grupo terrorista y esta actitud sí es delictiva.
Existen algunos medios de comunicación que ideológicamente comparten algunas valoraciones con ciertos grupos terroristas. El contenido apologético de la información que comunican se encuentra en una frontera delicada, ya que hay el amparo del principio reconocido de la libertad de expresión y a la vez existe una incitación a la violencia.
No resulta fácil determinar cuándo ciertas afirmaciones pueden constituir un delito de apología del terrorismo. El motivo es simple: los defensores o partidarios de estas ideas intentan utilizar un lenguaje ambiguo, de tal manera que sea difícil realizar una acusación formal de apología del terror. En este sentido, hay que indicar que no solo se persigue la manifestación de afirmaciones afines a las ideas terroristas, sino que también se penaliza el uso o la divulgación de la simbología de los grupos que practican alguna forma de terror (por ejemplo en los campos de fútbol en España está prohibido mostrar banderas o símbolos que tengan alguna relación con la violencia terrorista, como en Alemania exhibir la esvástica).
Reacciones tardías
El procurador antiterrorista Milko Ruiz anunció que hoy presenta una denuncia contra los dirigentes del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) Manuel Fajardo y Edith Espinoza, por los delitos de apología de condenados por terrorismo.
Al comentar la marcha del Movadef, en la cual manifestantes exhibieron pancartas con los rostros de Abimael Guzmán y otros terroristas encarcelados, el abogado del Estado consideró que los miembros de ese grupo incurrieron en “una evidente” comisión de este delito, por lo que se procederá conforme a la ley.
El ministro del interior Carlos Basombrio también se ha manifestado al respecto pero PPK no ha dicho esta boca es mía, al menos hasta el cierre de esta edición. Seguridad del Estado y al Sistema de Inteligencia Nacional se le están escapando los caracoles. En política las reacciones lentas terminan en knock out. Parece que en el botiquín de Palacio hace falta magnesio o quizá un par de buenos pantalones. Hasta mañana mis amigos de Primera.
