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Evo Morales utiliza a agitadores altiplánicos en revueltas del Perú
Congresistas de Chile y Bolivia acusan a ex presidente orureño de tramar conjura internacional.
El rastro del ex presidente boliviano Juan Evo Morales Ayma (63), recientemente prohibido de ingresar al Perú, está marcado en las revueltas sociales del sur que hasta el momento han cobrado la vida de 49 personas.
La clarinada de alerta la dio el viernes 13 de enero el diputado boliviano Erwin Bazán, al denunciar públicamente que el grupo los ‘Ponchos Rojos’, ligado al Movimiento al Socialismo (MAS), fue sorprendido transportando balas tipo ‘dum dum’ a nuestro país.
Estas municiones- que provienen de la minería ilegal y del narcotráfico- habrían sido utilizadas por delincuentes en los actos violentos ejecutados en nuestro territorio con la finalidad de forzar la instalación de un sistema político separatista.
El mismo viernes, la diputada chilena Chiara Barchiesi Chávez acusó en la última sesión del Congreso de su país a Morales Ayma y al ‘plurinacionalismo’ de ser los responsables de las protestas violentas en el Perú.
‘El plurinacionalismo tiene como objetivo crear la nación Aymara, compuesta por los miembros de esta etnia tanto del sur de Perú, el norte de Chile y obviamente Bolivia’, advirtió la legisladora en el Hemiciclo de su país.
La congresista sureña agregó: ‘La injerencia de Evo no ha sido solo ideológica. Ha enviado agitadores bolivianos en un número indeterminado, y él mismo ha ingresado al sur peruano fomentando la creación de la nación Aymara’, alertó Barchiesi.
El gobierno peruano prohibió el lunes 9 de enero el ingreso a nuestro territorio de Morales Ayma y otros ocho ciudadanos bolivianos, a los que acusó de haber efectuado ‘actividades de índole política proselista’ que afectaron la ‘seguridad nacional’.
El Ministerio del Interior declaró: ‘En los últimos meses se ha identificado a ciudadanos extranjeros, de nacionalidad boliviana, que ingresaron al país para efectuar actividades de índole política proselitista, lo que constituye una clara afectación a nuestra legislación migratoria, a la seguridad nacional y al orden interno del Perú’.
El martes 10 de enero, las Naciones Unidas publicó en su página web una nota informativa sobre la violencia en Perú, en la que señalaba que tras el arresto del presidente José Pedro Castillo Terrones (53), el 7 de diciembre pasado, el número total de muertos en las protestas ascendía a 39. Se quedaron cortos.
Ese mismo día, el diario norteamericano The New York Times divulgaba al mundo que la violencia en nuestros predios había cobrado ya su víctima número 47, en una simbiosis siniestra entre agitadores altiplánicos, terroristas reciclados y extractores ilegales de oro, cada quien tratando de llevar agua para su molino.
El jueves 12 de enero, la Defensoría del Pueblo informó que hasta ese momento habían fallecido 49 personas en las trifulcas: 41 civiles a causa de las protestas, 7 debido al bloqueo de carreteras y un policía por hechos de violencia, el suboficial de segunda José Luis Soncco Quispe que fue quemado dentro de un auto.
El viernes 13 de enero, el campamento de la Minera Antapaccay, instalado en la provincia de Espinar, fue atacado por una turba de 100 personas que con hondas, machetes y bombas incendiarias destrozaron todo lo que encontraron a su paso.
En Apurímac, 500 personas de las comunidades de Challhuahuacho bloquearon la vía de ingreso a la minera MG Las Bambas, pidiendo la salida de la presidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra (60) y el cierre del Congreso. ¿El rastro de Evo?
