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Personas portaron antorchas con los retratos de los jóvenes desaparecidos.
Miles de personas marcharon en la capital mexicana al cumplirse más de un año y medio de la desaparición de 43 estudiantes en el sur de México y días después de que un grupo de expertos internacionales denunciara obstáculos del propio Gobierno para averiguar lo que sucedió con los jóvenes.
Portando antorchas con los retratos de los jóvenes desaparecidos la noche del 26 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, en el violento estado de Guerrero, simpatizantes y activistas acompañaron a padres de los estudiantes a lo largo de varios kilómetros de las céntricas calles de la Ciudad de México.
"De aquí salió la verdad histórica que ahora sabemos que es una mentira", gritaron algunos al llegar a las oficinas de la fiscalía general, la PGR, en donde detuvieron unos minutos su marcha. La llamada "verdad histórica" de la fiscalía general fue echada por tierra en septiembre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que rechazó que los jóvenes hubieran sido quemados en un basurero en Cocula, un pueblo cercano a Iguala, como sigue afirmando el Gobierno.
El GIEI presentó el domingo su segundo y último informe tras 14 meses de dar asistencia técnica a la PGR en la investigación denunciando que no lograron establecer cuál fue el destino de 43 estudiantes, posiblemente masacrados, debido en gran medida a fallas y demoras de las autoridades.
Los expertos advirtieron que varios cuerpos policiales, como la Policía Federal, policías del estado de Guerrero y distintos municipales pudieron tener participación en los ataques, que habrían abarcado un amplio radio de acción más allá de la ciudad de Iguala, a donde los jóvenes llegaron a tomar autobuses para participar en una protesta.
"Los descubrieron en sus mentiras y en el manoseo de las investigaciones, tenemos que saber qué es lo que hicieron con nuestros hijos, a quienes están encubriendo tanto", dijo Mario González, padre de uno de los desaparecidos.
El grupo, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminará su colaboración en las investigaciones el 30 de abril después de que el Gobierno del presidente Enrique Peña no renovó el mandato para que continuara.
