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El expresidente Alejandro Toledo no ha sido detenido hasta el momento en Estados Unidos con miras a su extradición debido a que el Poder Judicial no ha solicitado su arresto provisorio, pese al pedido del Ministerio Público, según trascendió de fuentes judiciales.
En tal sentido, el ex procurador anticorrupción Christian Salas cuestionó la actitud del juez Abel Concha por no tramitar aún el pedido de arresto provisorio para Toledo y señaló que a este se le debe abrir una investigación “por dilatar” el proceso del caso Ecoteva.
Según fuentes extraoficiales Concha, que atiende el proceso de Ecoteva, no ha iniciado este trámite porque “esperaba conocer si se admitía o no el pedido para la acumulación de las dos investigaciones”.
Sin embargo, para Salas lo que comete el magistrado Concha es una falta disciplinaria. “No existe amparo legal en el que se señale que un juez debe esperar la decisión de otro para recién actuar”, subrayó.
Salas insistió en que “una orden de arresto no debe esperar por el pronunciamiento de otra instancia” y sostuvo que el juez Concha ya debió gestionar la detención de Toledo en Estados Unidos para su posterior extradición.
Advirtió, en este sentido, que si el ex jefe de Estado es traído al país, será por el caso Odebrecht, un argumento que su defensa podría usar ante la justicia para no declarar por el caso Ecoteva.
“El juez tiene que proceder de la misma manera en que lo hizo su colega que vio el proceso por Odebrecht. Hay que recordar que el arresto provisorio es el paso previo al trámite de extradición, es necesario cursarlo”, apuntó.
En febrero pasado, fue el juez Richard Concepción, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, quien días después de dictar los 18 meses de prisión preventiva para Toledo, por los sobornos que habría recibido de Odebrecht, envió a las autoridades de Estados Unidos la solicitud de arresto con miras a extradición del ex mandatario.
Al respecto, se supo que la detención de Toledo en Estados Unidos por este caso se debería a que el sustento jurídico de la solicitud, que es el supuesto pago de US$20 millones en sobornos de la empresa Odebrecht al ex presidente, no convence a las autoridades de ese país.
Eso habría sido comunicado por el mismo Departamento de Estado de EE.UU. al Ministerio Público peruano. Los delitos que se le atribuyen al ex mandatario (lavado de activos y tráfico de influencias), y que fueron planteados por el fiscal Hamilton Castro —a cargo del caso Lava Jato en Perú— tendrían “un sustento débil” que no sería admitido por un juez federal.
La imputación de tráfico de influencias es un delito menor en Estados Unidos, y la de lavado de activos, como se ha planteado, no tiene solidez.
En suma, lo que han dicho desde Estados Unidos, en palabras comunes, es que el pedido de detención de Toledo por los sobornos de Odebrecht no tiene futuro, pero por Ecoteva, sí (…) ahora evalúan si presentarán al juez federal las pruebas de ambos casos o solo de Ecoteva”, precisaron.
La fiscal Villar le imputa a Toledo el delito de lavado de activos por la adquisición de millonarios inmuebles que, supuestamente, habría adquirido con dinero que provendría de actos de corrupción cometidos durante su gobierno (2001-2006).
