En una nueva vuelta de tuerca después del intento de golpe de Estado del pasado 15 de julio, el Gobierno turco ha anunciado este miércoles el cierre de más de 130 medios de comunicación, según la agencia oficial Anadolu. La lista ha sido publicada en la Gazeta Oficial de la República de Turquía, donde también aparecen los nombres de los 1.700 miembros del Ejército que han sido despedidos oficialmente. Al menos 45 diarios y 16 canales de televisión, supuestamente vinculados al clérigo Fetulá Gülen, se han visto afectados por la medida. Ello viene a sumarse a los más de 60.000 profesionales —funcionarios, militares, intelectuales, profesores, jueces o abogados— que han sido detenidos o apartados de sus puestos de trabajo en la purga que ha seguido a la asonada.
El Gobierno del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, acusa a su antiguo socio político, el clérigo Fetulá Gülen, autoexiliado en Pensilvania (Estados Unidos), de haber orquestado el golpe de Estado infiltrando con sus acólitos el Ejército y buena parte de la élite del país. Una fuente del Ejecutivo ha informado de que "114 compañías vinculadas a Gülen, incluidos diarios locales y nacionales, editoriales, emisoras de radio y televisión, han sido cerrados como parte del mismo decreto". Entre los medios afectados por el cierre se encuentran varios de ámbito nacional como los diarios Zaman y Today’s Zaman, así como la agencia de noticias Cihan o el diario opositor anarquista Meydan.
Este miércoles, la fiscalía de Estambul ha ordenado la detención de 47 ejecutivos y periodistas de Zaman por supuestos vínculos con la secta de Gülen, que los afectados han negado. De hecho, entre los informadores de ese diario antaño gülenista hay algunos, como Sahin Alpay —arrestado en la madrugada de este miércoles en Estambul—, que no comparten la visión religiosa del clérigo.
Otro dato reseñable es que en el listado de medios cerrados también figuran canales de televisión en zonas de mayoría kurda, así como Yumurcat TV, un canal infantil con connotaciones religiosas.
Críticos con el Gobierno del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) consideran que el presidente está llevando a cabo una caza de brujas tras el fallido golpe de Estado, que se saldó con 290 muertos entre la noche del 15 de julio y la madrugada del 16.
El estado de emergencia instaurado hace una semana por un plazo de 90 días da cobertura legal a estas detenciones, que se han venido sucediendo por centenares en el último año, sobre todo desde que el AKP recuperara la mayoría electoral en las elecciones de noviembre.
Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), Turquía es el país donde más profesionales de la información han sido encarcelados, con 61, y la libertad de prensa ha perdido mucho terreno.
En virtud del estado de emergencia, el Ejecutivo puede decretar la clausura de entidades sin necesidad de presentar cargos, así como extender de cuatro a 30 días el periodo máximo de detención policial bajo las mismas condiciones. El artículo 25 permite además penalizar a periodistas y analistas que "exageren" las noticias.
De los más de 16.000 detenidos en la purga posterior al golpe, la mitad de ellos (8.113) han sido formalmente arrestados a la espera de juicio, según ha informado este miércoles el ministro del Interior turco, Efkana Ala.
Analistas y opositores consideran que Erdogan está aprovechando el fallido golpe de Estado para restringir más las libertades democráticas de esta república oficialmente secular.
La mayoría de los Ejecutivos occidentales han solicitado al partido gobernante turco que mantenga los estándares democráticos tras el golpe de Estado —la Unión Europea volvió a incidir este miércoles en ello—, sobre todo después de que Erdogan haya sugerido la posibilidad de restaurar la pena de muerte contra los golpistas, lo que acabaría por completo con la posibilidad de que el país euroasiático acceda a la UE.