Magistrado Varillas Solano, investigado por cohecho y lavado de activos, paralizó con un plumazo una venta de 50 millones de dólares.
El juez Juan Gustavo Varillas Solano, titular del Séptimo Juzgado Civil de la subespecialidad Comercial de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó el 30 de junio de 2026 una medida cautelar de no innovar que suspende la venta del Grupo El Comercio, a solicitud de los accionistas minoritarios Hernández López de Romaña Dalmau, Alois Miró Quesada Koechlin y Arthur Do Nascimento Silva. La resolución, revelada por el periodista Paolo Benza y conocida públicamente el 2 de agosto, se produce en medio de un extenso historial de denuncias, procesos disciplinarios y procesos penales que pesan sobre el magistrado. Según El Diario de Lima, la medida se dictó sin necesidad de notificar al denominado Grupo Picasso, que a la fecha de la resolución ya se encontraba cerrando la operación de compra con los accionistas mayoritarios de la editora.
Los términos de la medida cautelar
De acuerdo con la Resolución Número Uno, dictada fuera de proceso, la medida cautelar impide que la Empresa Editora El Comercio conozca los términos de la demanda hasta que concluya el proceso judicial correspondiente. La resolución dispone que los tres accionistas demandantes inicien, en un plazo de diez días, un proceso de arbitraje contra la empresa, y que el tribunal arbitral quede instalado en un plazo máximo de 90 días. La operación suspendida corresponde a la venta de una participación de control del conglomerado editorial: La República y Caretas la valorizaron en cerca de 50 millones de dólares.
Un aspecto que ha llamado la atención de distintos medios es el monto de la contracautela exigida por el juez Varillas para conceder la medida: una carta fianza de apenas 50.000 dólares para suspender una operación que, según la cifra citada por la mayoría de fuentes consultadas —La República y Caretas—, asciende a unos 50 millones de dólares, lo que sitúa la contracautela en apenas el 0,1% del valor de la operación paralizada. La Procuraduría del Estado y el Ministerio Público han cuestionado en el pasado, en otros procesos vistos por el mismo despacho, la desproporción entre las contracautelas fijadas por el magistrado y el valor económico de las operaciones suspendidas por sus medidas cautelares.
El historial judicial y disciplinario del magistrado
Según reportes del Ministerio Público citados por La República, Varillas Solano acumula ocho investigaciones penales en curso desde 2019, por delitos que incluyen prevaricato, abuso de autoridad, falsedad ideológica, uso de documento falso, fraude procesal, omisión de actos funcionales, cohecho activo transnacional, hurto agravado, lavado de activos y cohecho activo. De ese total, tres casos se tramitan actualmente ante el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria de la Corte de Lima y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, por los presuntos delitos de cohecho pasivo impropio, lavado de activos, tráfico de influencias y avocamiento ilegal a proceso en trámite, en los que el magistrado tiene la condición de imputado.
El juez ha sido mencionado además en distintos casos de alto perfil: en la denominada red Orellana, vinculada a un presunto esquema de pagos por resoluciones judiciales en procesos de arbitraje y medidas cautelares; en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, a raíz de un audio en el que el prófugo exjuez supremo César Hinostroza le pide atender a un abogado a cambio de apoyo para un ascenso; y en el caso Oncoserv, por medidas cautelares que obligaron al Gobierno Regional de Arequipa a pagar más de 8,5 millones de dólares. La Procuraduría también ha cuestionado medidas cautelares dictadas por el magistrado en procesos vinculados a obras públicas en Tacna, Piura, Cusco y Arequipa, en las que —según sus escritos— impuso contracautelas desproporcionadamente bajas frente al valor de los contratos afectados; en uno de esos casos, cuestionó una contracautela de un millón de soles frente a una obra valorizada en 279 millones de soles.
Pese a este historial, la única sanción disciplinaria firme contra Varillas Solano ha sido una suspensión preventiva de seis meses, dictada el 12 de marzo de 2024 por la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, luego de que el magistrado dictara en 2022 una medida cautelar —calificada por los clubes afectados como tramitada de manera «exprés»— que suspendió los contratos de transmisión televisiva que Alianza Lima, Universitario de Deportes y Cienciano habían firmado con el Consorcio Fútbol Peruano (GolPerú) para la Liga 1 2023, en favor de la Federación Peruana de Fútbol. Cumplida esa sanción, el magistrado retornó a su despacho en el Séptimo Juzgado Civil Comercial. Adicionalmente, registra dos multas equivalentes al 12% de su remuneración mensual por otras faltas administrativas.
Otros casos cuestionados
Entre los antecedentes adicionales que han generado cuestionamientos a su labor jurisdiccional figura una medida cautelar dictada en enero de 2024 que ordenó a la concesionaria Rutas de Lima abstenerse de cobrar peajes en las garitas de Chillón, en la carretera Panamericana Norte, a solicitud de una asociación vecinal de Puente Piedra, medida que la propia concesionaria cuestionó por considerar que el juzgado carecía de competencia para pronunciarse sobre un contrato suscrito con la Municipalidad de Lima.
Otro caso cuestionado es el de la empresa CEAM Minera del Sur S.A.C., por el que Varillas Solano afronta una denuncia por prevaricato ante la Séptima Fiscalía Superior de Lima. Según reportó Diario Expreso, tras la muerte de la empresaria Cirila Elena Aybar Molina a fines de 2024, dos de sus hermanos, Juan y Miguel Aybar, iniciaron ante el despacho de Varillas un proceso para disputar la titularidad de las acciones de la empresa, que la fallecida había transferido meses antes a su sobrino Freddy Aybar Gómez mediante un documento notariado. Los demandantes sustentaron su reclamo en una carta en la que el notario, Fernando Loayza Bellido, decía desconocer su propia firma en ese documento. Sin notificar al sobrino demandado sobre esa carta, el juez lo retiró de la Gerencia General de la empresa y designó como administradora judicial a Winny Palomino Oscurima, propuesta por uno de los demandantes y que, según el reportaje, no figuraba en el Registro de Administradores Judiciales del Poder Judicial (REPEJ), un requisito exigido por la Ley General de Sociedades para ese tipo de designaciones. Posteriormente, de acuerdo con la misma publicación, el notario Loayza terminó reconociendo la validez de una copia del documento cuestionado, que él mismo había legalizado. Decisiones de su despacho en materia mercantil y minera, como esta, también han sido revertidas en instancias superiores por vicios de motivación, según reportó Altavoz.pe.
Un patrón de decisiones bajo escrutinio
La Unidad de Investigación de LaPrimera.pe, en una revisión propia de los antecedentes del magistrado, planteó que la reiteración del nombre de Varillas Solano en distintas controversias empresariales de alto perfil —el caso CEAM Minera del Sur, los derechos de transmisión de la Liga 1 y ahora la venta del Grupo El Comercio— «no constituye, por sí misma, prueba de irregularidad alguna», aunque sí justifica, según ese medio, un mayor escrutinio sobre la motivación de sus resoluciones y sobre el funcionamiento de los mecanismos de control del sistema judicial. Especialistas consultados por ese medio coincidieron en que la independencia judicial es un pilar del Estado de derecho, pero advirtieron que la motivación de una resolución adquiere especial relevancia cuando sus efectos se extienden a operaciones empresariales de gran magnitud, ya que la predictibilidad de las decisiones judiciales incide en la evaluación que hacen los inversionistas sobre el clima de negocios del país. Ese mismo medio, al igual que este artículo, no logró obtener una versión del propio juez Varillas Solano sobre los cuestionamientos formulados públicamente en su contra, pregunta que permanece como una de las principales interrogantes abiertas en torno al caso.
Implicancias y escenarios posibles
La suspensión de la venta del Grupo El Comercio mediante una medida cautelar dictada por un magistrado con un historial disciplinario y penal tan extenso reaviva el debate sobre los mecanismos de control disponibles para fiscalizar a jueces cuestionados que continúan en el ejercicio de sus funciones. La Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y la Junta Nacional de Justicia son las entidades con competencia para evaluar una eventual separación del cargo del magistrado, mientras que el desenlace del proceso arbitral que la propia resolución ordena instalar determinará si la operación de venta del grupo editorial puede finalmente concretarse o si permanecerá suspendida durante el tiempo que tome resolver la controversia planteada por los accionistas minoritarios. Al cierre de esta nota, ni la Empresa Editora El Comercio ni el denominado Grupo Picasso habían emitido un pronunciamiento público sobre la medida cautelar, y tampoco se había registrado un comunicado del Poder Judicial ni de sus órganos de control disciplinario en respuesta a la difusión del caso.
Panorama
Con la venta del Grupo El Comercio suspendida por una medida cautelar del juez Juan Gustavo Varillas Solano, magistrado que acumula ocho investigaciones penales y ha sido vinculado a varios de los casos de corrupción judicial más sensibles de los últimos años en el Perú, la operación queda a la espera del proceso arbitral dispuesto por la propia resolución, mientras persisten las interrogantes sobre los mecanismos de control disciplinario aplicables al magistrado.
