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Como ya es sabido la Comisión Permanente del Congreso decapitó ayer al máximo órgano de control interno de la nación al remover de su cargo al ex contralor Edgar Alarcón. Los motivos y la forma en que fue destituido son ya de conocimiento público. Aunque el capítulo aún no está del todo cerrado, puesto que Alarcón ha anunciado, mediante su abogado, que apelará dicha decisión vía judicial. Es poco probable que sea repuesto sobre todo por la marea negra de dudas y sospechas de manejos inapropiados, por decir lo menos, que lo tienen rodeado.
El tema de fondo en este caso es ya la reunión que tendrán el próximo martes la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori y el presidente Pedro Pablo Kuczinsky donde sin duda saldrá el nombre del nuevo contralor. Aunque lo nieguen este tema se va a tratar. Pues elegir un nuevo contralor optimo y probo es importante y de rigor para demostrar una real intención de se quiere luchar contra la corrupción. Y en este asunto oposición y gobierno están obligados a coincidir. Y digo uno de los temas, pues en dicha cita sin lugar a dudas tendrá que salir humo blanco en pro de la gobernabilidad, porque en mi opinión esta situación no da para más, pero de esta importante coyuntura política me ocuparé en detalle y en exclusiva en los próximos días.
Lo que sigue
Es válido precisar que quien estará momentáneamente en el puesto que deja Edgar Alarcón es el vicecontralor Oswaldo Yupanqui, tal como lo señala el artículo 33 de Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República (N° 27785), donde se establecen los criterios de la designación y funciones del vicecontralor.
“Reemplaza al contralor general en caso de ausencia o impedimento temporal y ejerce las funciones que este le delega. En caso de vacancia, queda interinamente a cargo del despacho mientras se nombra al titular”, sostiene la norma.
Teniendo en cuenta ello, el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, donde se establece la descripción y roles del órgano superior del Sistema Nacional de Control, precisa que el contralor general de la República “es designado por el Congreso, a propuesta del Poder Ejecutivo, por siete años”.
La elección
El artículo 93 del Reglamento del Congreso de la República determina que el Parlamento, a través de la Comisión Permanente, designa y remueve al contralor general de la República.
Para el cumplimiento de esta prerrogativa, la Comisión Permanente tiene la libertad de crear una comisión evaluadora con el fin de analizar la experiencia y trayectoria de los candidatos propuestos por el Ejecutivo, así como también para evaluar las propuestas que estos realicen.
Cabe entender, por lo tanto, que será la misma instancia que votó por la remoción de Edgar Alarcón la que tendrá la responsabilidad de decidir quién lo sucederá en el cargo.
Habeas corpus de Alarcón
Edgar Alarcón no acepta que la Comisión Permanente haya votado, por unanimidad, la vacancia de su puesto como contralor de la República. Es por ello que ha solicitado a su abogado para que apele. Humberto Abanto, abogado del ex contralor Alarcón, ha dicho que está esperando que el diario El Peruano publiqué la resolución de la salida de su puesto para presentar una apelación ante el Primer Juzgado Constitucional de Lima. “Las faltas graves deben ser debidamente comprobadas, así que vamos a presentar un acción de amparo” fueron sus palabras textuales. La intención de Alarcón sería llegar con su reclamo hasta el Tribunal Constitucional en una batalla legal vana e imprecisa. Por otro lado las denuncias en su contra han levantado más que suspicacias, ya que traerán cola con una serie de investigaciones que de seguro terminaran en graves denuncias judiciales las mismas que lo tendrán ocupado por mucho tiempo. Hasta mañana mis amigos de Primera.
